Algo en lo que parecen estar de acuerdo todos los sectores y partidos, y la opinión pública, es en la necesidad de introducir reformas a la normatividad vigente en materia de administración de justicia.
En lo que no existe acuerdo es en el alcance y contenido de tales reformas. Hay propuestas elaboradas ya en el Ministerio de Justicia, con la asesoría de importantes juristas, si bien el cambio de ministro implicará que el recién posesionado decida si comparte o no en su totalidad las bases de la reforma presentadas por su antecesor.
Además, no hay consenso en el interior de la comunidad jurídica acerca de si todo se debe reducir a modificación de las normas constitucionales relativas a las altas corporaciones y sus funciones, o si lo que necesita el ciudadano del común –al que no le importa cuál sea la edad de retiro forzoso de los magistrados sino su propia realidad- es respuestas concretas sobre los problemas crónicos de la justicia, como la congestión, el excesivo formalismo, la morosidad y la ineficiencia de juzgados y tribunales.
Es muy importante que el debate no se lleve a cabo solamente en el seno del Congreso. Las fallas en la administración de justicia y sus posibles soluciones interesan a toda la sociedad y es mucho lo que pueden sugerir los propios jueces, los abogados en ejercicio, los profesores y las facultades de Derecho, los académicos y los empleados judiciales.
Los temas objeto de análisis son de la mayor complejidad, y no podemos olvidar que una reforma anterior proyectada y defendida por el actual gobierno, constituyó un absoluto fracaso, y que existe un alto grado de desprestigio de la administración de justicia.
Resulta trascendental el papel de las universidades, en cuanto por su propia definición, son centros propicios para la libre circulación de las ideas, la formulación de propuestas, la crítica y la controversia.
Precisamente en este sentido, la Universidad del Sinú –sede de Bogotá- ha organizado para los días 4 y 5 de septiembre el primer Foro Nacional sobre la reforma a la administración de justicia, con la participación de los más destacados juristas, catedráticos y politólogos colombianos, y ha invitado a profesores españoles, franceses y canadienses para que se discutan a fondo desde perspectivas diferentes, los varios aspectos de la crisis y se formulen propuestas, con el fin de enriquecer el debate.
