La  crisis de la justicia que vivimos es múltiple. Tiene raíces subterráneas y raíces visibles. La afectan los más disímiles y complejos factores. De orden social, de orden público, fiscal y económico y por sobre todo la gigantesca deshonestidad humana. El Gobierno nacional ha presentado un proyecto de reforma a la justicia. Para discutir los más crudos temas judiciales y para festejar sus primeros 40 años de fecunda existencia, la Universidad del Sinú -capítulo de Bogotá- bajo la rectoría dinámica de José Gregorio Hernández, realizó un histórico foro con la polémica participación de 22 juristas, exministros, exconstituyentes, exmagistrados, litigantes, docentes, y catedráticos del Canadá, Francia, España. Citemos en forma muy breve algunos de los ponentes. Luis Gabriel Miranda, presidente de la Corte Suprema, Claudia Rojas, presidenta del Consejo de Estado, Alfonso Gómez Méndez exministro de Justicia, Hernando Yepes exconstituyente, Ramiro Bejarano, William Zambrano, Guillermo Mendoza Diago, Gloria Maria Borrero, Gustavo Zafra Roldán exconstituyente.

 

Con argumentos científicos se criticó la peligrosa propuesta de unificar elecciones... si, por vía de ejemplo, en las últimas elecciones, además de Presidente, elegimos gobernadores, alcaldes y políticos para los cuerpos representativos, la locomotora presidencial arrastra a todos los vagones en su favor, aplastando los núcleos opositores. En EE.UU. y en varios países europeos el 50 por ciento de los funcionarios son renovados parcialmente para darles espacio a los que discrepan y cuestionan. La esencia de la democracia consiste en respetar las minorías, los que critican y los que civilizadamente documentan sus discordancias. Colombia, más que un país unitario, es una federación de pequeñas repúblicas regionales. Son sustanciales las diferencias entre las regiones costeñas, antioqueñas, llaneras, nariñenses. El calendario electoral unificado atenta grave y perversamente contra la autonomía regional y municipal.

 

Que la Corte investigue a la cúpula política y los congresistas a los magistrados ha conducido a la vergonzosa Comisión de Absoluciones. En esta Comisión se han radicado últimamente 1.300 denuncias contra magistrados y ni una sola se ha llevado a cabo.

 

La única función que debe cumplir un magistrado es administrar justicia. Causa malestar que gastan 100 sesiones y hasta un año en reuniones las altas cortes para participar en la escogencia de los más altos funcionarios. El seleccionado debe pagarle con cuota burocrática a su elector. Esto degrada y clienteliza la justicia.

 

Cuando se creó el Consejo Superior de la Judicatura se endiosó y hemos visto su fracaso. Con la Supercorte que propone el Gobierno, puede ocurrir lo mismo si elegimos magistrados de bolsillo. Ya se dice que el Presidente quiere un “Procurador de bolsillo”. Manipular la escogencia a su gusto. Esto es arrancar en reversa, retroceder y volver a las peores épocas del pasado.

 

Fueron encendidos los debates en la Universidad del Sinú. José Gregorio Hernández propuso darle prioridad al drama de la congestión. Hasta 500 expedientes por “operador de justicia”. La solución es despenalizar comportamientos, implantar una ley de pequeñas causas, acudir a notarios, exjueces pensionados. La meritoria jurista Laura Ospina le dio agilidad al histórico foro.

 

La doctora Ilse Bechara Castilla, hija del fundador el educador Elías Bechara Zainum, recalcó el compromiso de la Universidad del Sinú con los problemas colombianos. La aspiración máxima de la universidad del Sinú es el servicio, no el beneficio.