JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Ex Magistrado de la Corte Constitucional
Director de http://www.lavozdelderecho.
Resulta indispensable que el país revise las normas que componen el sistema penal acusatorio en vigor plasmado desde el Acto Legislativo 3 de 2002, y que asuma el reto de fijar de verdad una política criminal.
En efecto, en las cárceles están muchos que no deberían estar. Y por fuera están muchos que deberían estar en la cárcel.
Es decir, no se está haciendo justicia sino que se realiza la injusticia. Y el sistema, lejos de garantizar mayor agilidad, se ha prestado para demoras, aplazamientos indefinidos de audiencias, principio de oportunidad mal aplicado, supuestas formas de colaboración con la justicia totalmente interesadas, irresponsables y engañosas, falsos testigos. En fin, un verdadero caos.
En reciente radiografía presentada por la Policía Nacional se informa que en el último año cuatro de cinco ladrones detenidos en flagrancia fueron dejados en libertad.
Dice la Policía que de los 5.088 ladrones detenidos en flagrancia, 4079 fueron dejados en libertad, 197 accedieron a casa por cárcel y sólo a 812 les dictaron medida de aseguramiento.
En reciente radiografía presentada por la Policía Nacional se informa que en el último año cuatro de cinco ladrones detenidos en flagrancia fueron dejados en libertad.
Dice la Policía que de los 5.088 ladrones detenidos en flagrancia, 4079 fueron dejados en libertad, 197 accedieron a casa por cárcel y sólo a 812 les dictaron medida de aseguramiento.
Pero las cárceles, inexplicablemente, están atestadas. Congestionadas. Y en una situación, vergonzosa para el país, de grave violación de los derechos humanos.
Y muchos delincuentes de cuello blanco están libres o muy cómodos en sitios especiales.
Ya que el Ministro de Justicia reconoce que las cosas no están bien en el sistema acusatorio, lo que se espera es que por fin el estado colombiano fije una política criminal clara y coherente.
Ya que el Ministro de Justicia reconoce que las cosas no están bien en el sistema acusatorio, lo que se espera es que por fin el estado colombiano fije una política criminal clara y coherente.
