En materia de equilibrio de poderes, la idea inicial, expuesta por el Presidente Santos el día de su segunda posesión, tenía por eje el propósito de eliminar de la Carta Política la figura de la reelección,  no solamente para el caso del Presidente de la República sino en cuanto a otros altos   funcionarios.

 

A ello se añadía una revisión general de los preceptos constitucionales, con el fin –según se dijo-  de restaurar un esquema en que las ramas y los órganos del poder público estuvieran balanceados en sus funciones.

 

Se habló de la supresión de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pero, aunque se proyectó un tribunal de aforados, no se ha estructurado hasta el momento un sistema  integral y coherente que otorgue alguna certidumbre de verdadero cambio en punto de la designación de los magistrados de dicho organismo, ni sobre sus competencias, ni acerca de si el Congreso habrá de seguir  actuando al respecto. Ello, entre otras cosas, porque se ha venido acondicionando el proyecto al lamentable escándalo surgido en la Corte Constitucional, como si cuanto se apruebe pudiera aplicarse con retroactividad a los acontecimientos que lo han provocado.

 

En fin, aunque faltan apenas tres debates, la reforma no muestra un rumbo predecible  acerca de cómo habrían de ser procesados en el futuro los funcionarios que gozan de fuero constitucional.  Y todo parece indicar que, lejos de corregir los actuales vicios del sistema, se mantendrán, ampliando además el número de aforados.

 

El futuro de la reforma pareció claro al momento de los anuncios presidenciales, pero a medida que se ha avanzado en el trámite (ya fue aprobado en primera vuelta y se surte la segunda), se ha visto que  lo presentado por  el Gobierno era muy parcial frente a las necesidades reales y ante la magnitud de lo que significaría una regulación constitucional sobre equilibrio de poderes. Lo único completo en el texto original es la prohibición de la reelección.

 

En segundo lugar, es inocultable que se improvisa, lo cual es inaceptable en el caso de ningún proyecto, pero con mayor razón cuando se trata de reformar la Constitución Política y en una materia tan delicada. Y, puesto que se improvisa, el resultado no puede ser más pobre: lo aprobado presenta muchas falencias y contradicciones; y por ello no es extraño que desde algunos sectores se proponga retirarlo o hundirlo para que se intente retomar el tema desde cero. Como en el kinder: comenzar  de nuevo la plana.