En el Congreso, a propósito de la reforma constitucional sobre equilibrio de poderes, se han escuchado muchas intervenciones carentes de soporte en la realidad y en la historia misma de nuestras instituciones.

 

Por ejemplo, se ha dicho erróneamente que los Constituyentes de 1991 fueron culpables de lo ocurrido en la administración de justicia porque crearon el Consejo Superior de la Judicatura, como si el germen de los males estuviera en las instituciones y no en las personas que ocupan los cargos. Ahora lo van a reemplazar por otras varias instituciones. Y si vuelven a presentarse los casos de corrupción, ¿tendrán la culpa los actuales congresistas por haberlas creado? No. El problema no está necesariamente en el diseño institucional sino en los seres humanos que son escogidos para desempeñar los empleos o para dirigir los organismos.

 

¿Por qué funcionó bien ese Consejo con Magistrados excelentes como José Alejandro Bonivento, Amelia Matilla, Hernando Yepes, Gustavo Cuello o Gilberto Orozco, para mencionar apenas algunos?

 

Otra extraña teoría se ha abierto paso en el Congreso y en el Ejecutivo: que los magistrados de las altas corporaciones de la justicia no pueden ser jóvenes; que la magistratura debe ser la culminación de la carrera.

 

La verdad es que hemos visto excelentes magistrados de treinta y ocho años, y magistrados muy corruptos de 50 o 60 años.

 

Otra cosa: que los ex magistrados tendrán una inhabilidad de cinco años para litigar en lo que saben. Entonces, de qué van a vivir, si además tampoco se les fija, como debería ser, una pensión digna?