Una vez más decimos que, entre los instrumentos judiciales plasmados en la Constitución para la defensa de los derechos, la acción de tutela está en el primer lugar. Mediante ella han sido preservados en estos 24 años los principios básicos de nuestra organización política, entre los cuales se destacan el respeto a la dignidad humana, las garantías y los derechos fundamentales.

 

Son muchos los que le deben a la acción de tutela y a oportunas providencias judiciales la reivindicación de sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, a la intimidad, al buen nombre, a la libertad en sus distintas expresiones, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de derechos es reconocida mundialmente, como me lo expresaba ayer mismo un profesor español desde la Universidad Complutense de Madrid.

 

Sin embargo, la acción de tutela debe ser defendida porque la realidad es que en Colombia tiene muchos enemigos, ansiosos por acabar con ella o inutilizarla por completo. A cada paso se aprovecha cualquier coyuntura para desacreditarla y para buscar su desmonte. Hay inclusive columnistas que se han atrevido a calificarla como maldita, cuando, por el contrario, son miles los colombianos que bendicen su introducción en el sistema jurídico porque los ha protegido de los abusos y las arbitrariedades.

 

Y para preservar la tutela es también indispensable que no se use para lo que no es, es decir, para defender intereses particulares ajenos a los derechos básicos, inclusive mediante el soborno y el cohecho. Al respecto, es urgente que se dilucide el problema presentado en el interior de  la Corte Constitucional y se sancione a los responsables. Lo digo porque todo indica que vamos hacia la impunidad, y los colombianos no lo podemos permitir.