Se ha conocido en los medios de comunicación una noticia según la cual, entre los delegados del gobierno y los de las Farc, en La Habana, ya existe al menos un principio de acuerdo acerca de la justicia transicional y la posible participación en política de los guerrilleros que se desmovilicen.
Hasta el momento no hay ningún documento oficial, aunque se supone que el Presidente de la República anunciaría el Acuerdo y su contenido desde La Habana (Cuba), junto con una amplia delegación del Gobierno y del Congreso. Estarán presentes los delegados de las FARC, el jefe máximo de esa organización, alias Timochenko, y el presidente de Cuba Raúl Castro.
Algunos hablan de la aplicación de penas alternativas que no necesariamente significarían cárcel para los guerrilleros que sean máximos responsables de los delitos cometidos. Otros hablan de penas con restricción de la libertad pero en colonias agrícolas. Otros de actividades de "desminado", o inclusive de la vinculación de ex guerrilleros a las comisiones de la verdad. Otros dicen que, en todo caso, se descontaría, como si hubiera sido una prisión, el tiempo de permanencia de los negociadores en La Habana -lo cual parece ser una broma, porque, de ser así, se trataría de un verdadero exabrupto-.
Ha dicho el Presidente Juan Manuel Santos en las últimas horas: “El meollo de toda esta negociación es dónde traza uno la línea de justicia y paz. Si uno le pregunta a una víctima dónde la traza, esa víctima va a pedir más justicia. Si uno le pregunta a una futura víctima, va a querer más paz porque no va a querer ser víctima. No importa dónde trace uno la raya, algunos quedarán insatisfechos”.
Este comentario del Presidente, en cuanto a las futuras víctimas, no es muy afortunado, porque la víctima de un crimen sólo lo es después de cometido, pero nos lleva a una conclusión contraria a la impunidad, ya que, en la hipótesis de la consulta que plantea el Presidente, las futuras y eventuales víctimas seríamos todos los colombianos. Y, según Santos, iríamos a responder pidiendo más justicia.
De todas maneras, ubicados más bien en un terreno de realidad y no de hipótesis, lo cierto es que el tema de justicia dentro del concepto propio de la transición entre la guerra y la finalización del conflicto, es quizá el más complejo y difícil del proceso de paz iniciado en 2012, pues la guerrilla no quisiera afrontar la aplicación de penas privativas de la libertad, y el Gobierno sabe que existen compromisos internacionales de Colombia, en particular cuando se trata de crímenes de lesa humanidad o de crímenes de guerra cometidos en forma sistemática. Además está el Marco Jurídico para la Paz y las sentencias de la Corte Constitucional, que rechazan una solución de impunidad al respecto. Y por otro lado, ambas partes se culpan mutuamente de ser los principales responsables de la violencia armada, que lleva entre nosotros más de cincuenta años y que ha generado muerte, destrucción, desplazamiento y muchos crímenes contra la humanidad y delitos contra el patrimonio público.
Recientemente, el delegado de Unasur en las conversaciones, el uruguayo José Bayardi, manifestó que el Gobierno y las Farc negocian el fin del conflicto en un clima de "confianza recíproca" y hay "buenas expectativas". Hacemos votos porque sea así y por que el Acuerdo al que se llegue permita arribar a un cese bilateral y definitivo del fuego, y ojalá a la finalización del conflicto, pero no se puede convenir nada que sea contrario a nuestra institucionalidad, ni incumplir los compromisos internacionales de Colombia, y de todas maneras, tiene que haber simultáneamente verdad, justicia, reparación a las víctimas y garantía de no repetición de las conductas punibles de las que se trata.
