No podíamos creer lo que veíamos. Niños de corta edad haciendo fila, supuestamente para recibir su ración de alimentos. El primero de la fila era fotografiado con un plato lleno de comida y con un vaso de jugo, pero no se llevaba nada. Tras la fotografía, el niño entregaba todo al segundo en la fila, quien a la vez era fotografiado, hacía lo propio, y así continuaba la sucesión de fotos tomadas por una mujer que miraba burlona a los menores. 

Después vino la verdadera entrega de los alimentos. La real. Ya sin fotografías. Los niños debían extender sus manos para recibir en ellas verdaderos  mendrugos. Porciones insignificantes de comida, entregadas con displicencia por la mujer que antes tomó las fotografías.

Todo fue captado por una profesora del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Aguachica -Cesar- durante una sesión de supuesta distribución alimentaria a los menores, en virtud de contrato celebrado con el municipio.

Si hay una forma verdaderamente execrable de corrupción es esta, porque no solamente afecta las finanzas estatales, cuyos recursos son asaltados por quienes -según la Ministra de Educación y la Directora del Bienestar Familiar- integran verdaderas mafias, sino que se trata del aprovechamiento ilícito de la debilidad y la inocencia de los niños. Estos son actos verdaderamente criminales, inadmisibles.

¿Dónde está la acción del Estado, si esto se ha venido denunciando hace tiempo? ¿Dónde la aplicación de las cláusulas contractuales? ¿Dónde las investigaciones? Deben existir procesos de orden penal, disciplinario, administrativo y fiscal. Ya, al parecer, en el caso concreto hay denuncia penal del Instituto de Bienestar Familiar. Que no todo acabe en el escándalo, en buena hora iniciado por la profesora y los medios. Estas infames conductas no pueden quedar impunes.