Con razón ha manifestado el Ministro de Justicia que la formación de los abogados en Colombia es deficiente. Sin duda, esa es una de las causas de la crisis en la administración de justicia y de las  protuberantes falencias que acusa el ejercicio de la profesión.

 

Es evidente que muchos se matriculan en las facultades de Derecho sobre la base de considerarla una carrera "fácil"; que no ofrece mayores dificultades y que se puede ejercer o no ejercer, porque, más que la preparación específica en las ciencias jurídicas, lo que importa es el título. Y a la vez, muchas universidades se interesan más en el número de matriculados que en la calidad de su preparación previa, proveniente del bachillerato, en donde infortunadamente también hay notorias deficiencias.

 

Desde luego, en ninguna de estas materias se puede generalizar. Pero el problema existe. Se refleja en decisiones judiciales erróneas o carentes de justificación; en la evidente falta del más elemental criterio de abogados, jueces y fiscales cuando se pronuncian sobre un determinado asunto; en la detestable práctica del cabildeo ante los funcionarios para obtener resoluciones favorables; en el concepto según el cual el mejor abogado es el que obtiene resultados sea como sea, y no el que argumenta en Derecho; en la tendencia a creer en todo testigo sin valorarlo con arreglo a la crítica de la prueba testimonial; en las tácticas dilatorias de muchos litigantes; en la congestión de los despachos judiciales; en las frecuentes equivocaciones de los asesores del Gobierno y la administración; en la pésima factura de muchos proyectos de ley; en la creencia de algunos en que los pleitos se ganan en los medios de comunicación y no en los estrados.

 

Ese estado de cosas lo hemos reconocido varios rectores universitarios y decanos de Derecho. En esas instituciones –lo digo como rector de una de ellas, la Universidad del Sinú en Bogotá- nos interesa más que el número de estudiantes, su vocación, su calidad humana y su voluntad de formarse en valores y en la cultura jurídica. Tenemos una concepción amplia, integral y exigente sobre el papel que corresponde a los establecimientos educativos en la formación del abogado.

 

El país requiere juristas de calidad. Profesionales capaces de enfrentar los desafíos propios de la época y de desempeñarse en distintas actividades, en entidades públicas y privadas, con la debida solvencia en conocimientos y ante todo con fundamentación y criterio jurídico. Con una indispensable visión humanista y con un horizonte cultural, tan ausentes en los llamados “leguleyos”.

 

Podemos entregar a Colombia promociones nuevas de abogados serios, estudiosos, actualizados, con niveles superiores de formación, educados  en el respeto a los valores y principios jurídicos, y con una convicción profunda en la ética y el cumplimiento del deber, con la mira puesta únicamente en la realización de la justicia.

Un abogado tramposo; que no tenga la ética como norte y que la sacrifique en aras de un triunfo pasajero no debe ser recibido en los tribunales ni en escenario jurídico alguno. Por ello, también se necesita que sean estrictos y exigentes los controles y la vigilancia disciplinaria sobre los abogados.