Lo ocurrido con la contestación de una demanda entablada contra el Distrito de Bogotá, en la cual, a manera de argumento en defensa de los intereses capitalinos, la apoderada -una abogada de la Secretaría de Gobierno- , sostenía que Rosa Elvira Cely -brutalmente asesinada por un sádico en 2012- era la culpable exclusiva de su muerte, dejó -además de la natural y justificada indignación de la ciudadanía- varios motivos de reflexión, tanto en el aspecto jurídico como en el administrativo:

 

-Una vez más, el Estado -en este caso la administración distrital- queda a la saga de los medios de comunicación. El texto del memorial -cuyo sentido y fundamento, se supone,  han debido conocer los superiores de la abogada, puesto que se trataba de expresar la posición oficial frente a la demanda- fue conocido y divulgado por El Espectador, y la respuesta y desautorización  del Secretario de Gobierno y del Alcalde Mayor estuvieron determinadas por la airada reacción de los ciudadanos expresada en las redes sociales.  De no haber sido por la publicación periodística, ni se habrían enterado del contenido de la respuesta oficial en el proceso.

 

-La situación expuesta pone de presente también una falencia en la falta de preparación de algunos de los juristas que prestan sus servicios al Estado, y esto no solamente a nivel distrital sino nacional. La tesis en referencia, sobre exclusiva responsabilidad de la víctima, no habría podido ser sostenida en un escrito serio que hubiese sopesado los hechos notorios del caso a la luz del ordenamiento jurídico y sobre la base del juicioso estudio de las normas y la jurisprudencia.

 

-Lo acontecido también refleja la actitud de algunos abogados en relación con los procesos. Están convencidos -quizá por justificar sus honorarios o su sueldo- de que su tarea, en defensa del cliente o de la entidad que representan, no tiene límites éticos. Algunos han llegado a sostener públicamente que la ética es completamente ajena al Derecho. De manera que, por la causa que emprenden, todo vale, en la argumentación y en la acción. Con verdades o con mentiras, o retorciendo los criterios jurisprudenciales.

 

Debemos modificar  a fondo los enfoques vigentes en cuanto a la enseñanza del Derecho. Hay necesidad de superar la transmisión mecánica de conocimientos. Entender, y hacer entender a los estudiantes que el objeto  fundamental de su profesión es la realización de la justicia –el valor esencial del Derecho-.  Ello exige formación integral, sólidos fundamentos jurídicos y profunda formación moral y ética.