La Constitución colombiana de 1991, que cumple ahora 25 años, no se puede reformar de cualquier manera. Es una constitución formalmente rígida, como corresponde a su carácter escrito y estricto, y como garantía para los gobernados acerca de que las reglas que consagran sus derechos y libertades, así como los límites al ejercicio del poder no serán retiradas, derogadas o desvirtuadas al impulso de los deseos o los intereses de los gobernantes.

En consecuencia, su propio texto contempla tres únicos procedimientos para enmendarla, los cuales son más complejos que los previstos para modificar las leyes. La Constitución se puede reformar solamente mediante Acto Legislativo expedido por el Congreso; por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referendo.

En cuanto a los actos legislativos, las exigencias están contempladas en el artículo 375 de la misma Carta, que señala:

“ARTICULO  375. Podrán presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno, diez miembros del Congreso, el veinte por ciento de los concejales o de los diputados y los ciudadanos en un número equivalente al menos, al cinco por ciento del censo electoral vigente.

El trámite del proyecto tendrá lugar en dos períodos ordinarios y consecutivos. Aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes, el proyecto será publicado por el Gobierno. En el segundo período la aprobación requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada Cámara.

En este segundo período sólo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero”. (Subrayado fuera del texto).

Se requieren, pues, ocho debates, en dos legislaturas ordinarias y consecutivas, como lo subraya también la jurisprudencia de la Corte Constitucional, desde la Sentencia C-222 de 1997.

La Corporación manifestó entonces con entera claridad, y dio base jurisprudencial al principio de consecutividad aplicable en el caso de reformas constitucionales por acto legislativo del Congreso:

“Algo muy importante, derivado de la exigencia constitucional de un cierto número de debates es el imperativo de llevarlos a cabo, es decir, de agotarlos en su totalidad para que pueda entenderse que lo hecho es válido, de modo tal que, si llegare a faltar uno de los debates exigidos, o si se surtiere sin los requisitos propios del mismo, según la Carta Política o el Reglamento, queda viciado de inconstitucionalidad todo el trámite y así habrá de declararlo la Corte en ejercicio de su función de control”.

Añadió la Sentencia de la Corte:

“La Corte Constitucional otorga gran importancia al concepto "debate", que en manera alguna equivale a votación, bien que ésta se produzca por el conocido "pupitrazo" o por medio electrónico, o en cualquiera de las formas convencionales admitidas para establecer cuál es la voluntad de los congresistas en torno a determinado asunto. La votación no es cosa distinta de la conclusión del debate, sobre la base de la discusión -esencial a él- y sobre el supuesto de la suficiente ilustración en el seno de la respectiva comisión o cámara. Es inherente al debate la exposición de ideas, criterios y conceptos diversos y hasta contrarios y la confrontación seria y respetuosa entre ellos; el examen de las distintas posibilidades y la consideración colectiva, razonada y fundada, acerca de las repercusiones que habrá de tener la decisión puesta en tela de juicio. El debate exige deliberación, previa a la votación e indispensable para llegar a ella, lo que justamente se halla implícito en la distinción entre los quórum, deliberatorio y decisorio”.

De modo que la exigencia constitucional no se satisface con meras constancias, como le escuchamos decir al Ministro del Interior. Se requieren ocho debates completos, tramitados según la Constitución y el Reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992).

No obstante, el Gobierno acaba de presentar al Congreso -en relación con un proyecto de Acto Legislativo ya muy avanzado y en sus últimas etapas (el que señala el procedimiento especial para la aprobación de las reformas a las que se comprometa el Gobierno en razón del proceso de paz)-  unos textos completamente nuevos –anunciados mediante comunicado conjunto del Ejecutivo y las Farc el 12 de mayo-, textos no discutidos en los seis debates anteriores, no presentados ni discutidos en la primera vuelta, desconocidos por completo para el Senado -que ya no tendrá oportunidad de debatirlos-, con el propósito de "blindar" los acuerdos de paz de La Habana.

Transcribo la parte pertinente del comunicado conjunto, del 12 de mayo:

“I.- El Gobierno Nacional y las FARC EP, acuerdan que el Gobierno Nacional introducirá, antes del 18 de mayo de 2016, el siguiente texto en la tramitación del Acto Legislativo nº 04/2015 Senado, 157/2015 Cámara:

  “Artículo xxx: La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:

 Artículo Transitorio: En desarrollo del derecho a la paz, el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor, el anterior ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final.

 En desarrollo del Derecho a la paz, el procedimiento legislativo especial para la aprobación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, incluirá un “procedimiento de ley aprobatoria del Acuerdo Especial” con los siguientes criterios procedimentales especiales: envío al Congreso para su incorporación al derecho interno por medio de una ley; tramitación como ley ordinaria: radicación del proyecto ante la secretaria del Senado y publicación, debate en comisiones  constitucionales conjuntas  del Senado y Cámara, votación, debate en plenario del senado; y debate en plenario de la Cámara. El tránsito del proyecto entre una y otra cámara será de 8 días, las votaciones serán únicamente de aprobación o improbación de todo el texto, por mayoría calificada; control de constitucionalidad de la ley aprobatoria del Acuerdo Especial; sanción presidencial y publicación en diario oficial; el Gobierno se obligará a presentar esta ley aprobatoria inmediatamente sea firmado y aprobado el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y entrado en vigor el presente Acto Legislativo.

El procedimiento legislativo de aprobación de leyes o actos legislativos para la implementación o desarrollo del Acuerdo Final, será el Procedimiento legislativo especial para la paz establecido en el artículo transitorio xxxx contemplado en el artículo primero de este Acto Legislativo, y estará en vigencia para la aprobación de normas de implementación y desarrollo del Acuerdo Final durante el tiempo establecido en el artículo xxxx

El control constitucional relacionado con la aprobación de La ley aprobatoria del Acuerdo Especial, será único y automático.

 El control constitucional relacionado con la implementación del Acuerdo Final mediante Leyes ordinarias o leyes estatutarias, será único y automático.

II.- El Gobierno Nacional y las FARC EP, acuerdan que el Gobierno Nacional, antes del 18 de mayo de 2016, añadirá en el parágrafo j)  del artículo 1  del PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 04 DE 2015 SENADO, 157 DE 2015 CÁMARA, la palabra “único” en el siguiente párrafo:

 “j) Los proyectos de Acto Legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tendrán control automático de constitucionalidad  (….)”, quedando así dicho texto:

 “j) Los proyectos de Acto Legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tendrán control automático y único  de constitucionalidad  (….)”

 III.- El Gobierno Nacional y las FARC EP, acuerdan que el Gobierno Nacional, antes del 18 de mayo de 2016,  retirará de la tramitación del Acto Legislativo nº 04/2015 Senado, 157/2015 Cámara la proposición aditiva “artículo transitorio. Jurisdicción Especial para la paz”.(Subrayado fuera del texto).

Así, pues, lo que se tramita en el Congreso al respecto no es otra cosa que una flagrante violación de la Constitución.