Las recientes elecciones de altos funcionarios, particularmente en corporaciones judiciales y en   órganos de control, hacen pensar que quizá se abra paso cierta sindéresis en los procesos de selección, y ello resulta importante, con miras a la erradicación de las tendencias politiqueras de los últimos años, que tanto daño han causado a la institucionalidad y que han puesto en situación de crisis al Derecho y a la Justicia.

Debemos insistir en la necesidad de recuperar valores y principios que se han venido perdiendo, y ello se debe ver reflejado en la actividad del Estado en beneficio de la justicia, pero ello es inalcanzable si, en el momento del voto, persisten criterios como el puramente político, el burocrático o el del pequeño interés personal o familiar.

Como varias veces lo hemos expresado, es imperativo buscar la excelencia cuando se trata de postular y escoger  a los magistrados, fiscales, procuradores, contralores y defensores, en cuyas funciones y competencias está interesada toda la Nación porque de su imparcial y recto ejercicio depende la supervivencia de las instituciones. Allí están  comprometidas la efectiva vigencia de la Constitución, la adecuada aplicación de la ley, la materialización del Estado Social de Derecho y  la eficacia de la administración de justicia. 

Se percibe un cierto cambio de rumbo, al menos a juzgar por figuras elegidas en estos días, como el Fiscal, el Procurador y varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. En efecto, aunque subsiste la desagradable práctica del “cabildeo” de los aspirantes -que a su vez da lugar a compromisos y a perniciosos cruces de favores-, y también sigue importando –a mi juicio, demasiado- el respaldo político, hemos podido observar que, al menos, están volviendo a ser considerados  algunos elementos que en el pasado reciente carecían de todo valor, como las hojas de vida, la preparación académica, la trayectoria profesional, los antecedentes disciplinarios, las ideas y propuestas de los candidatos respecto a las funciones que les habrán de corresponder si son elegidos.

Por ejemplo, los candidatos a la Procuraduría, además de su exposición preparada,  tuvieron que responder públicamente  preguntas de rectores, decanos y senadores. Eso, nos parece, exige del aspirante algo más que llegar bendecido por algún ex presidente de la República o con el impertinente “guiño” presidencial, y es mucho más valioso que prometer cargos o  gastar dinero en invitaciones a cenar.

No es todo lo que se quisiera para tan trascendentales procesos de elección, pero puede ser un comienzo en la búsqueda de mejores costumbres, al amparo de la democracia y del Derecho.