La horrible muerte de la niña Yuliana Samboní  -raptada, violada, torturada y asesinada por un ser despreciable que además intentó eludir la acción de la justicia- es, infortunadamente, un caso más de una larga lista de crímenes similares cometidos contra menores a lo largo y ancho del territorio nacional.

 

En efecto, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha informado que, en lo que va transcurrido del año ha conocido de al menos 2.456 casos de abuso sexual, es decir 16 violaciones diarias. Caso de maltrato a niños, 2237. Y eso es apenas lo que se conoce porque ha sido denunciado. Son muchos los casos ocultos -aunque precisamente por no haber denuncia, es dudosa la proporción, se habla de casi el 70%-, en especial cuando los violadores son familiares de las indefensas víctimas.

 

De acuerdo con el informe, este año cuando menos cinco menores han sido asesinados a golpes por un familiar cercano. Y ya se nos perdió la cuenta de los niños de corta edad que han desparecido  y luego han sido encontrados sin vida, violados, con señales de tortura y asesinados.

 

Según el Instituto de Bienestar familiar, en 2015 se registraron por lo menos 15722 casos de maltrato a menores, y en la primera parte de 2016 –hasta julio- se supo de 9345 casos, con una proyección para todo el año de más de 17300 eventos de esta naturaleza.

 

Se habla ahora de establecer la más alta pena para quienes violan y matan a los menores. Una vez más –a propósito del caso de Yuliana- se ha propuesto inclusive la instauración de la cadena perpetua –propuesta de la ex congresista Gila Jiménez (q.e.p.d.), frustrada hace unos años por razones formales-, una sanción que hoy apenas acepta nuestra Constitución para los crímenes de los cuales conoce la Corte penal Internacional, de acuerdo con el Tratado de Roma de 1998. Nos parece que es una opción viable, a diferencia de la pena de muerte, prohibida en nuestra Carta Política y en tratados internacionales que obligan a Colombia -propuesta por muchos-, pero que no compartimos por convicciones que hemos expuesto desde hace tiempo.

 

Sin embargo, nos parece que las medidas puramente normativas  no son suficientes. Se requiere efectividad en la aplicación de las disposiciones existentes, y ante todo una profunda reflexión del Estado y de la sociedad.

 

Lo decíamos este miércoles en nuestra columna radial, en LA VOZ DEL DERECHO:

 

"No debemos contentarnos con la sanción en este caso, ni con las normas que se expidan para establecer la cadena perpetua o el aumento de penas.

 

La sociedad debe reconsiderar muchas cosas. ¿Qué nos está pasando? ¿Está enferma nuestra sociedad? ¿Por qué se han aflojado los resortes morales?  ¿Por qué se desprecia en esta forma la vida humana, la dignidad de las personas, el inmenso respeto que merece un niño? ¿Por qué la generalizada tendencia al morbo, a la violencia, a la brutalidad? ¿Por qué se han perdido los valores y los principios? ¿Qué hacer?

 

Creemos que resulta menester recobrar los mínimos de auto control y responsabilidad, e inculcar y cultivar, desde las primeras edades de los niños, unos criterios sanos y pacíficos de convivencia. Y unos principios morales y de respeto. Todas estas cosas, tan horrendas como las mencionadas, han ocurrido porque no se observaron los principios”.