De nuevo, en Estados Unidos, un tribunal de apelaciones confirma el bloqueo de la resolución expedida por el Presidente Trump mediante la cual vetaba el ingreso de inmigrantes de varios países a territorio norteamericano. Trump, ante la primera suspensión judicial, había expedido un nuevo acto, cambiando algunas palabras pero ordenando en el fondo lo mismo. Se lo volvieron a suspender.                    

En Colombia, la Corte Constitucional profirió una sentencia mediante la cual declaró inexequibles dos numerales del Acto Legislativo 1 de 2016 que obligaban a que el Congreso solamente propusiera modificaciones a los proyectos de ley o de acto reformatorio con el aval o permiso del Gobierno, y además obligaban a votar en bloque todo proyecto, con independencia del número y materia de los artículos. Tales normas maniataban al Congreso y la Corte liberó al Congreso en esa materia.    

Ahora resulta que a un grupo de congresistas que quieren que los proyectos no se discutan se les ha ocurrido la brillante idea de imponer por mayoría la votación en bloque y el aval del Ejecutivo antes de cualquier debate, con el objeto de burlar la sentencia de la Corte y los derechos de las minorías.   Y eso que siempre inician sus intervenciones afirmando que respetan y acatan las decisiones de la Corte Constitucional. ¿Qué tal que no?      

Olvidan que según el artículo 243 de la Constitución, los fallos de la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional y ninguna autoridad podrá reproducir los actos o normas que la Corte haya declarado inexequibles por razones de fondo mientras permanezcan vigentes las disposiciones constitucionales con las cuales se hizo la confrontación. Por eso, lo que se proponen hacer es, además de fraude a resolución judicial, un procedimiento que puede llevar a que cuanto así se apruebe sea declarado inexequible por la Corte.         

Lo advertimos desde la Academia. Que no les extrañe que todo se les caiga. Y que después no le echen la culpa a la Corte Constitucional.