La crisis institucional y el irrespeto al Derecho no son de esta semana. Vienen de tiempo atrás. No es sino recordar el desconocimiento oficial de los resultados del plebiscito y las múltiples violaciones de la Carta Política vía “Fast track”, al aprobar actos legislativos, leyes y decretos con el pretexto de “implementar” el Acuerdo de Paz firmado con las Farc. Así que las más recientes decisiones y denuncias  que por corrupción se han formulado públicamente contra ex  magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no hacen sino confirmar que la crisis institucional -y en particular la de la justicia- es todavía más profunda de lo que pensábamos, y que Colombia ha entrado en una etapa de oscuridad institucional de la cual va a ser muy difícil salir.

La crisis está tocando fondo. Lo que está pasando es muy grave, y de la crisis institucional no nos hemos levantado. Por el contrario, ella se ahonda, con gran peligro para las nuevas generaciones.

Las instituciones no están operando. Los órganos colombianos competentes  “descubren” lo que pasa, no por su propia actividad sino por las investigaciones  de organismos norteamericanos, como ocurrió en los casos del Fiscal “anti corrupción” y de los ex magistrados.

Hace dos años y medio estalló el escándalo relacionado con la posible conducta delictiva de un integrante de la Corte Constitucional, y no hay fallo. De modo que, en todos estos procesos -en especial cuando hay fuero- la administración de justicia es paquidérmica e ineficaz. La sociedad se queda sin información porque las noticias pasan, y se perpetúa la impunidad.

Si bien no cabe generalizar, pues quedan todavía  funcionarios honestos y capaces, es inobjetable que la corrupción y la politiquería se han extendido de manera alarmante en el interior del aparato de justicia y en los órganos de control.

Que se pueda comprar una reelección para cierto alto cargo –y sobre ello hay sentencia- mediante la designación -en el organismo correspondiente- de los familiares y cónyuges de quienes pueden postular y elegir, es una forma de corrupción que hace mucho daño a las instituciones.

Que magistrados declaren ante sus colegas que las decisiones en materia penal se deben adoptar con criterio político y no jurídico, resultaría inconcebible  si no existieran grabaciones conocidas públicamente. Pero se trata de propuestas reales,  prevaricadoras, impropias e indignas de un juez, con mayor razón si es magistrado de una alta corporación. Y lo que no sabemos es si esto se ha investigado.

Es deplorable que ya no sea la excelencia -hoja de vida limpia, formación jurídica, experiencia, mérito-  el criterio de selección de los magistrados, sino que todo dependa de la conveniencia, el compromiso con causas predeterminadas, al apoyo político y el poder de manipulación sobre quienes votan para postular o elegir. Allí reside sin duda una causa del cáncer que comienza a hacer metástasis.

Se hunde el barco. ¿Podremos salvarlo?