Lo que muestran las imágenes de celular captadas por algunos de los inermes pobladores, aunque no permiten establecer responsabilidades, es de suyo alarmante y da cuenta de momentos de gran confusión y enorme caos. No se sabía de dónde venían los disparos, y todo indica -a juzgar por la magnitud del ataque y según los videos existentes y las afirmaciones de las víctimas- que la consigna era matar a muchas personas, además de generar el pánico que en efecto se generó y que perdura en la comunidad.
Los informes de la Defensoría del Pueblo y lo declarado ante él y ante los medios por testigos y víctimas preocupa en alto grado, si, como dicen algunos, resulta que quienes dispararon fueron miembros de la Policía Nacional. Eso sería muy grave, pero, con lo que hasta ahora se ha dicho, tampoco puede asegurarse que así haya sido, sin una adecuada y completa investigación, que precisamente pide la Defensoría y que al parecer ya asumió la Fiscalía General de la Nación.
Dice la Defensoría del Pueblo que ella, “de forma reiterada ha advertido los riesgos en los que se halla la población afrocolombiana, indígena y campesina del municipio de Tumaco por el accionar de los grupos armados ilegales, mediante la emisión de alertas tempranas”.
Añade, aludiendo a las distintas versiones existentes acerca de lo acontecido: “Las autoridades han manifestado que la muerte de los pobladores fue causada por estructuras armadas ilegales que actúan en la zona, mientras que los habitantes de la región afirman que miembros de la Policía Nacional serían los presuntos responsables de esos homicidios".
Inclusive, como se sabe, ante los primeros informes, el Gobierno, por boca del Presidente de la República, ofreció ciento cincuenta millones de pesos a título de recompensa para quien facilitara la captura de dos delincuentes –alias “Guacho” y alias “Cachi”-, quienes, según la primera versión oficial, habrían organizado el ataque contra los campesinos.
Como decíamos en columna radial, una investigación inmediata y muy a fondo debe ser adelantada. La masacre en referencia no puede quedar impune. Y, por otra parte, el Gobierno Nacional debe repensar su política en la zona, tanto en lo social y laboral como en la estrategia y modalidades de erradicación de cultivos ilícitos. Un objetivo plausible, si bien los medios para lograrlo no parecen ser los más adecuados. Puede ser que cuanto se viene haciendo sea equivocado, y a nadie se oculta el tradicional y hasta ahora no superado abandono en que el Estado ha dejado a la zona y a su población.
En todo caso, lo que no podemos admitir, sin perjuicio de las responsabilidades que se establezcan en cabeza de policías o servidores públicos -sobre la base de las pruebas al respecto-, es que el crimen quede impune. Y debemos evitar que, como resultado de toda esta confusión, quienes salgan beneficiadas sean las mafias del narcotráfico, que tanto daño han causado y siguen causando al país
