Lo ocurrido en Tumaco la semana pasada, cuando murieron seis personas y  muchas fueron heridas, es uno de los más graves hechos surgidos tras la firma del Acuerdo de Paz. Se trata de una verdadera masacre, ya que se disparó indiscriminadamente sobre un grupo de personas indefensas -campesinos e indígenas- cuando hablaban con integrantes de la Policía Antinarcóticos.

Lo que muestran los videos tomados por algunos de los  atacados es de gran  confusión, un enorme caos. No se sabía de dónde venían los disparos, y todo indica -a juzgar por la magnitud del ataque-  que la consigna era matar a muchas personas, además de generar el pánico que se generó y perdura en la comunidad.

Los informes de la Defensoría del Pueblo y lo declarado ante él y ante los medios por testigos y víctimas preocupa en alto grado, si, como dicen algunos,  resulta que quienes dispararon fueron miembros de la Fuerza Pública, en particular de la Policía. Eso sería muy grave, pero, con lo que hasta ahora se ha dicho, tampoco puede asegurarse que así haya sido, sin una adecuada y completa investigación, que precisamente pide la Defensoría y que al parecer ya asumió la Fiscalía General de la Nación.

Dice la Defensoría:

"La Defensoría del Pueblo, de forma reiterada ha advertido los riesgos en los que se halla la población afrocolombiana, indígena y campesina del municipio de Tumaco por el accionar de los grupos armados ilegales, mediante la emisión de alertas tempranas.

Las autoridades han manifestado que la muerte de los pobladores fue causada por estructuras armadas ilegales que actúan en la zona, mientras que los habitantes de la región afirman que miembros de la Policía Nacional serían los presuntos responsables de esos homicidios".

Una investigación inmediata y muy a fondo, que es lo que pide la Defensoría del Pueblo, debe ser adelantada. La masacre en referencia no puede quedar impune. Pero, además, el Gobierno Nacional debe revisar hacia el futuro toda su política en la zona, tanto en lo social y laboral como en la estrategia de erradicación de cultivos ilícitos. Puede ser que cuanto se viene haciendo sea equivocado, y es indudable el abandono en que el Estado ha dejado a la zona y a su población.

En todo caso, lo que no podemos admitir, sin perjuicio de las responsabilidades que se establezcan en cabeza de policías o servidores públicos, es que en toda esta confusión quienes salgan ganando sean las mafias del narcotráfico.