A partir del momento de la captura de alias "Jesús Santrich", del sobrino de Márquez y de otras personas con fines de extradición, por solicitud de la justicia estadounidense mediante circular roja de INTERPOL, se comenzó a decir por muchos que este trámite implicaba el comienzo del fin de los acuerdos de paz.

Aquí dijimos, por el contrario, que la aplicación del Derecho para que los desmovilizados que hayan reincidido en el delito después de la firma y vigencia del Acuerdo Final de Paz (1 de diciembre de 2016) constituía una forma, perfectamente prevista en el mismo Acuerdo y en las normas que lo desarrollan, de darles ejecución y cumplimiento. 

Es cierto que el Gobierno colombiano se comprometió a cumplir plenamente lo convenido con miras a la efectiva finalización del conflicto, pero los miembros de las Farc EP también se comprometieron. El Acuerdo no es un compromiso unilateral. Los firmantes se comprometieron bilateralmente. Y si alguien que se obligó a no incurrir en el delito, para incorporarse a la legalidad, siguió delinquiendo o volvió a delinquir, debe responder. Y, si delinquió contra otro Estado, por ejemplo, exportando cocaína -como afirman los Estados Unidos que lo hizo Santrich-, se le debe aplicar con todo el rigor el ordenamiento y proceder a su extradición.

Lo que algunos protestan, supuestamente en defensa de las víctimas, en el sentido de no extraditar a quienes sean reclamados por narcotráfico, es una forma de incumplir el Acuerdo Final y la Constitución, pues no podemos olvidar que el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017 establece la aplicación de la justicia ordinaria y la posibilidad de extradición de quienes, habiéndose desmovilizado, hayan delinquido después del 1 de diciembre de 2016.

Además, están presentando el delito de narcotráfico como un delito menor, que no tiene importancia, o frente al cual debe haber impunidad para no frustrar el objetivo de la paz. A ellos hay que recordarles que el proceso de paz no está en peligro por la actuación de la DEA, ni del Fiscal colombiano, ni de la justicia colombiana, sino por las conductas delictivas de quienes se habían comprometido a no delinquir. Son ellos los que están destruyendo el proceso.

Y, en cuanto a sacrificar la justicia y propiciar la impunidad para salvar el proceso de paz, se les recuerda que no todo vale para lograr los objetivos loables. Que el fin no justifica los medios.