Desde la captura de alias "Jesús Santrich", se dijo por algunos que entró en crisis el proceso de paz.
“Iván Márquez” lanza duras críticas contra el Fiscal Martínez, a quien llama “un tipo dañado”, y en días pasados se trasladó a Miravalle, en Caquetá, como protesta por la captura de “Santrich” y por la negativa del recurso de Habeas Corpus que su ex compañero había interpuesto . Después dijo que no se posesionará como Senador, con el fin de evitar que lo llamen narcotraficante.
“Santrich”, por su parte, ha entrado en huelga de hambre, y su salud está cada vez más deteriorada, en vez de acudir a medios jurídicos para desvirtuar las pruebas que se alleguen en su contra, si es inocente. El Estado no le debe permitir que se suicide, ya que, según el artículo 2 de la Constitución, su obligación es proteger la vida de todas las personas residentes en Colombia.
La aplicación estricta del Derecho, para que los desmovilizados reincidentes -después de la tan proclamada paz- se sometan a la ley, es el camino indicado, como surge del mismo Acuerdo y de las normas dictadas en su desarrollo.
Seamos correctos. Aunque en el Acuerdo hay obligaciones para el Gobierno y para el Estado en su conjunto, de conformidad con las reformas, no estamos ante un acto jurídico unilateral. Se comprometió el Estado, sin duda, pero, dado el carácter bilateral del Acuerdo, las Farc también contrajeron obligaciones, algunas de las cuales –como en el caso de los menores ilícitamente reclutados- no han cumplido. Pero, sobre todo, entraron en un compromiso claro, si lo que querían era incorporarse a la legalidad: no volver a delinquir. No repetir conductas como el narcotráfico. Sin ese compromiso, leal y sincero, el proceso de paz carecía de sentido. Así lo reconoce incluso "Timochenko".
Quien haya seguido delinquiendo tras la firma del documento, debe responder ante la Justicia. Y, si delinquió contra otro Estado, por ejemplo, exportando cocaína -como afirman los Estados Unidos que lo hizo “Santrich”-, merece ser extraditado.
Proponer que no se castigue al delincuente con todo el rigor que corresponde, o pretender que se garantice la no extradición por conductas posteriores al 1 de diciembre de 2016, es una forma de incumplir lo pactado y de violar la Constitución y la ley, allí sí “haciendo trizas” lo estipulado. El artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017 establece la aplicación de la justicia ordinaria y la posibilidad de extradición de quienes, habiéndose desmovilizado, hayan delinquido después del Acuerdo.
Además, quienes así razonan están presentando el narcotráfico como algo leve, menor, casi insignificante, cuando es muy grave, y nos está haciendo quedar muy mal en el exterior, pese al Premio Nobel. Proclamar su impunidad con el pretexto de no frustrar el objetivo de la paz, es un engaño al país y a los países que creyeron en el proceso. Ellos deben saber que este proceso no está en peligro por culpa de la DEA, del Fiscal General, o de la oposición, sino por las conductas punibles y vergonzosas de quienes se habían comprometido a no delinquir y traicionaron ese pacto. Son ellos los que están destruyendo el proceso.
