Ha subrayado la Procuraduría General de la Nación que no prescribe la acción disciplinaria cuando se trata de crímenes de lesa humanidad o de delitos cometidos contra el Derecho Internacional Humanitario.

Es el caso de los denominados falsos positivos, que -como siempre lo hemos sostenido- no son otra cosa que crímenes de lesa humanidad, y que no pueden quedar en la impunidad, ni desde el punto de vista disciplinario, ni desde el punto de vista penal. El paso del tiempo, la paquidermia de la administración de justicia y de los funcionarios y las artimañas de los abogados defensores no pueden ser caminos aceptables para que se queden sin sanción las conductas de servidores públicos y miembros de la fuerza pública que a sangre fría asesinaron a muchos jóvenes llevados con el señuelo de un empleo y presentados tras su muerte como guerrilleros dados de baja en combate.

Como dice la Corte Constitucional (Sentencia T-282 A de 2012),  "la prescripción -que es de 5 años- surge de la necesidad de un equilibrio entre el poder sancionador del Estado y el derecho del indiciado a que su situación no permanezca indefinidamente en el tiempo". Ello, como desarrollo de lo previsto en el artículo 28 de la Constitución, a cuyo tenor en ningún caso podrá haber penas ni medidas de seguridad imprescriptibles.

Pero, como resulta del Tratado de Roma de 1998 y lo aceptó el Acto Legislativo 02 de 2001, ese principio sufre excepción cuando estamos ante los peores crímenes contra la humanidad.

Habíamos visto cómo muchos militares señalados como responsables de falsos positivos se escudaban en la prescripción, y aspiraban a que no continuaran contra ellos los procesos disciplinarios. Ahora se reanudarán. Y lo propio debe ocurrir en materia penal. Todos esos crímenes deben ser sancionados. No pueden quedar en la impunidad.