Los principios son las superiores directrices de la vida individual, de las colectividades y del Estado. Son los fundamentos indispensables de la comunidad y señalan el derrotero que deben seguir ella y los seres humanos que la componen. Trazan las líneas básicas provenientes de los valores en que se funda el orden aceptado por la sociedad respectiva,  de cuya observancia dependen la vida en el interior de la aquélla y la convivencia. No necesitan estar consagrados de manera expresa en el articulado de la Constitución, aunque pueden estarlo, y normalmente están desarrollados en normas de distinta jerarquía, que consagran las reglas propias del sistema jurídico.

Lo que estamos viendo en Colombia en esta época, en distintos campos, no es otra cosa que la inobservancia de los principios y la efectiva pérdida de vigor de las reglas.

No me refiero a los principios morales o religiosos  aunque también se han visto afectados, sino a los jurídicos y a los de la ética política y a los de la ética profesional.

Basta ver lo que ocurre en la campaña política que se adelanta con miras a la elección de gobernadores, alcaldes , diputados y concejales. Allí, además de la violencia ejercida contra candidatos de distintas vertientes políticas -varios de los cuales han sido asesinados- brilla por su ausencia -en la mayoría de los casos, en  los partidos y movimientos- la sana y pacífica exposición de argumentos y propuestas; hay deslealtad, y valen -en cambio- las faltas de respeto, la baja política, la ofensa y la descalificación pública del rival, más que la transparencia, la confrontación intelectual y la nitidez de la controversia pública. Tampoco se dice la verdad a los electores, quienes son burlados cuando ya los candidatos han sido elegidos.

Muchos servidores o aspirantes a cargos no vacilan en presentar títulos falsos, engañando a la sociedad y al Estado. Y, para la postulación y elección de funcionarios de alta responsabilidad, ya no importan las hojas de vida, la trayectoria, la experiencia y los buenos antecedentes, sino la recomendación política y el compadrazgo.

Otro tanto ocurre en la administración de justicia, en donde - sin generalizar, porque sería injusto desconocer la existencia de jueces y abogados probos-, al parecer ya no importa si se tiene o no la razón en el terreno jurídico y frente a las normas, sino la compra y venta de conciencias, las argucias y las patrañas, el vencimiento de los términos por la falta del oportuno trámite, y los caminos torcidos hacia el éxito en los procesos. No todo fallo es en Derecho. El desprestigio de la administración de Justicia -incluidas, infortunadamente, altas corporaciones- es mayúsculo. Los principios constitucionales han quedado atrás, y en muy pocos casos se aplican.

En el campo de las comunicaciones, la ética profesional de muchos periodistas, columnistas y medios -no todos, por supuesto- ya no es la regla general. También allí se denuncia la compra y venta de conciencias, y la manipulación de la información y la opinión.

El uso de las redes sociales y de los instrumentos que ofrece la tecnología refleja lo que pasa en el seno de la sociedad. Falta de respeto, insultos, mentiras, alteración de fotografías, documentos, audios y videos, calumnia e injuria.

Y todo ello, además de lo que ocurre a lo largo y ancho del país:  la violencia, el crimen, el asalto, los abusos de autoridad, el consumo de drogas -en aumento-, el  microtráfico, los abusos contra menores, que son pan de todos los días, y que nos han llevado al caos y a la peor  inseguridad. Todo porque en los hogares y en las comunidades se han perdido los valores y los principios, a los cuales es necesario volver si no queremos el hundimiento definitivo de nuestra sociedad democrática.

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