Con la creación de las corporaciones autónomas regionales, se descentraliza el control, la gestión y conservación del medio ambiente y recursos naturales renovables. Estos entes de carácter público, integrados por entidades territoriales que geográficamente constituyen un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica para el desarrollo de sus funciones por ministerio de la ley, fueron dotadas de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, convirtiéndose en la máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción.
Es de público conocimiento, los escándalos a los que se ha visto sometida la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique- CARDIQUE, por celebración indebida de millonarios contratos, en hechos probados, que hoy, tienen privados de la libertad a un ex director y a funcionarios del más alto rango.
La aprobación de grandes proyectos de desarrollos urbanos que generarán empleos, y reactivarán la economía, no solo tienen que ser aprobados por las secretarías de planeación y las autoridades municipales o distritales, sino que tienen que contar con la aprobación de la autoridad ambiental, aprobación que se da por arte de magia en tiempo record en algunos casos y con trabas, demoras injustificadas, ausencia de atención para otros.
No sólo se pueden considerar como hechos de corrupción, la apropiación de los recursos a través de contratos celebrados de indebida forma, también lo son, tentativos de la moralidad administrativa, la manipulación de permisos, y conceptos de manera injustificada, que perjudican a inversionistas y ahuyentan las fuentes generadoras de empleo y la reactivación de la economía. No son las palabras, sino los hechos, los que demuestran la corrupción que ha estado presente en CARDIQUE; ahora el turno es para la inoperancia. ¿Será que verdaderamente estamos ante una Corporación Autónoma Regional? ¿O ante una corrupta e inoperante?
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