El equilibrio de poderes es un elemento fundamental para garantizar la libertad y la seguridad de la democracia. La  declaratoria de nulidad de la elección del Contralor General de la Nación, dejó en evidencia los errores cometidos por los padres de la patria al momento de elegir uno de los órganos más importantes para ejercer control fiscal. Eventos como este, no sólo causan vergüenza pública, haber dejado acéfala la Controlaría General de la Nación podría repercutir en procesos fiscales que se tramitan. El artículo 267 de la Constitución  Política dispone: “El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.”  La elección de un órgano de tal relevancia para el País, no debió tomarse a la ligera y mucho menos cuando está en manos de quienes tienen el deber de resguardar la Constitución. 

El desconocimiento de la ley no exime de la aplicación de esta, no podemos permitir que los elegidos para legislar no conozcan los procedimientos o peor aún, conociéndolos pretendan hacer “el quite”, imponiendo procedimientos contrarios a los establecidos y diluyendo el deber constitucional de respetar la ley.

No existe explicación para sustentar la razón que quien legisla pretenda pasar por encima de nuestra Constitución y la Ley.