Es verdad que la Constitución no es perfecta y que, como toda obra humana, es susceptible de mejora o revisión, pero es menester que los ajustes se consulten, estudien y preparen de manera coherente y precisa, evitando las innecesarias improvisaciones que ya han mostrado su inconveniente efecto en varios de los sesenta actos de reforma constitucional aprobados hasta ahora.
Lo que viene ocurriendo en muchos campos demuestra que, aunque la Constitución no es irreformable y sería torpe descartar propuestas de modificación, más que seguir reformándola a las carreras, los colombianos necesitamos que se cumpla la Constitución. Buena parte de sus postulados y normas se han quedado en pura teoría, discurso y buen propósito, pero sin traducirse en la realidad. En varios campos, esa realidad es totalmente inconstitucional, a ciencia y paciencia de los gobiernos, el Congreso, los jueces, las administraciones departamentales y locales y los particulares.
Así, por ejemplo, mientras dice el precepto constitucional que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, ya perdimos la cuenta de las masacres y los líderes sociales asesinados; comunidades enteras son desplazadas por la acción de las organizaciones terroristas; aumentan los secuestros y la extorsión, y en algunas zonas del territorio domina la delincuencia, al paso que la fuerza pública no puede ingresar o sus integrantes resultan secuestrados, como acaba de acontecer.
Por otra parte, lejos de alcanzar el Estado Social de Derecho y el orden justo que la Constitución proclama, son muchas las comunidades en que predominan la pobreza y el abandono, a las que muchas cosas son prometidas -en materias tales como educación, salud, trabajo, tierras, vivienda, alimentación- pero muy pocas cumplidas.
La Constitución proclama los derechos de los niños como inalienables y dice que prevalecen sobre los derechos de los demás, pero, para comprobar que no es así, basta escuchar las noticias diarias sobre violencia, abuso sexual y muerte de menores, o recorrer las calles de Bogotá y otras ciudades para ver, en las aceras, grupos de niños de corta edad completamente hambrientos, sucios, semidesnudos, implorando limosnas, muchos de ellos explotados y maltratados, sin que el Estado adopte alguna decisión de fondo para restablecer esos derechos “prevalentes”.
Podríamos continuar. La lista de normas teóricas e irrealizadas es larga. Más que en sustituir, se debe pensar en cumplir y en aplicar la Constitución.
