Opinion (569)

Una vez más reitero dos cosas:

-Que  votar NO en el plebiscito del 2 de octubre -lo que corresponde sencillamente a una de las opciones que, como derecho fundamental, tiene cada ciudadano, y a una decisión personal que se limita a responder una pregunta del Jefe del Estado- no implica, ni significa, ni puede ser entendido como que ese votante es enemigo de la paz; traidor a la Patria o contrario a los  intereses de la República, como se ha querido presentar por el Ejecutivo, por partidos políticos y por medios de comunicación.

Por el contrario, votar por el NO es una de las formas democráticas de participar, legitima la decisión  y su posibilidad real  tiene lugar como expresión de sometimiento a las reglas propias de los mecanismos de participación. No se participa en ellos –plebiscito, referendo, consulta popular, revocatoria del mandato- con una única opción –votar afirmativamente-, entre otras cosas porque, de entrada, eso significaría el atropello a la voluntad popular, la violación de la libertad política y la inutilidad del instrumento de consulta. ¿Para qué preguntar si la respuesta que se quiere y admite recibir es una sola, en un único sentido?

El Gobierno colombiano lo ha entendido así –de esa manera desfigurada e impropia-, y ha señalado a los partidarios del NOcomo voceros de la guerra y como una especie de subversivos, lo cual es impropio de un gobierno democrático. Además, ha roto todo principio de igualdad y los ha puesto en notoria desventaja frente a la arrolladora campaña oficial.

-Que quien esto escribe es firme partidario de lograr la paz que tanto necesita Colombia, y que considera la más indicada para ello la vía del diálogo; que apoyó desde el comienzo el proceso iniciado hace cuatro años por el Presidente Santos; que mira con buenos ojos la vinculación de los miembros de las Farc y de los otros grupos alzados en armas a la institucionalidad; que sus discrepancias han comenzado cuando al aprobar las reglas específicas aplicables a las funciones de reforma y legislativas para desarrollar los acuerdos, el Gobierno y el Congreso han violado la Constitución. Veremos lo que diga la Corte Constitucional ante las demandas incoadas contra el Acto Legislativo 1 de 2016, que entrará en vigencia el 3 de octubre.

El Acuerdo firmado no se confunde con la paz, ni es la paz. Es el ejercicio de un derecho, y –como el voto por el -  debe tener lugar en paz y en libertad.

 

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Ante la famosa cartilla del Ministerio de Educación (o de la ONU, eso no quedó claro), que promovía una prematura desorientación sexual de los niños, hubo en el país una reacción de proporciones enormes, pues con ella resultaban violados, además de los derechos fundamentales de los menores, el de los padres a escoger la mejor educación para sus hijos y la libertad de los propios establecimientos educativos en cuanto a la formulación de los manuales de convivencia. Tan fuerte fue la respuesta de la sociedad colombiana, que el Presidente Santos no tuvo opción distinta a suprimir la promoción oficial del innecesario y pernicioso documento.

Pero con ello no desapareció la obsesión de la administración -o de algunos de sus funcionarios- por entrar en el ámbito sexual de los menores, poniéndolos a pensar desde la más tierna infancia en prácticas eróticas y hasta pornográficas crudamente expuestas. Pocos días han transcurrido desde el escándalo de la cartilla, y el Director del DANE ha promovido una encuesta dirigida a los niños para preguntarles acerca de sus experiencias en toda suerte de contactos y sensaciones de tal naturaleza.

Un  cuestionario que los padres de familia no vacilaron en calificar de infame y ofensivo, y que, según informó el mismo Departamento Nacional de Estadística, se alcanzó a formular a 54.367 niños, y tenían la meta de interrogar a 104.346 menores.

Otra vez, ante el conocimiento público de algo que venían haciendo de espaldas al país, el DANE ha resuelto suspender la encuesta, aunque desde ya dicen que la suspensión es temporal.

Según el DANE, la encuesta buscaba información entre los niños, para luchar “contra la explotación, pornografía y el turismo sexual con niñas, niños y adolescentes”.

Pero pensamos que, siendo plausible el objetivo en un país en que todos los días se denuncian más aberrantes conductas de mayores –inclusive familiares cercanos- contra los niños, no es claro que una encuesta -en especial por  el tipo de preguntas que se formulaban para su realización-  sea la mejor fórmula. El remedio puede resultar agravando la enfermedad.

El tema es muy delicado. Estamos hablando de los niños, de su dignidad, de su desarrollo integral  y de sus derechos esenciales. Eso no se puede tratar con morbo, ni de manera torpe.

En efecto, pese a la innegable existencia de delitos sexuales tanto en el interior de las familias como en algunos establecimientos educativos,  no parece que la formulación de grotescas preguntas a todos los niños,  y sin  ningún método sicológico, educativo y pedagógico, constituya una forma eficiente de atacar o impedir por vía general las violaciones  o las ilícitas aproximaciones de adultos a los menores. Por el contrario, la falta de una adecuada técnica pedagógica -que preserve ante todo el respeto-  puede despertar curiosidades prematuras o propiciar tendencias morbosas, por lo cual el cuidado debe ser mayúsculo.

El DANE no es llamado a la educación de los niños, ni sus funcionarios están preparados para impartirla. Los educadores y los padres de familia que protestaron tienen razón: el Estado no puede improvisar en esta materia porque puede ocasionar daños enormes.

 

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