La actual Constitución de Colombia reconoce formalmente el principio de la soberanía del pueblo (Art.3. Constitución Política de Colombia, 1991), es decir, la supremacía de la voluntad general sobre toda voluntad particular. El problema de esto surge cuando se afirma que la soberanía del pueblo es ilimitada, se está creando e introduciendo forzadamente en la sociedad humana un grado de poder demasiado grande que, por sí mismo, constituye un mal, con independencia de quien lo ejerce. No importa que se le confíe a uno, a varios, a todos; podría constituir un mal. Se atacará a los depositarios de ese poder y, según las circunstancias, se acusará sucesivamente a la monarquía, a la aristocracia, a la democracia, a los gobiernos mixtos, al sistema representativo. Se cometerá un error a acusar a sus depositarios  y no al grado de poder. Es el arma a la que hay que atacar, no al brazo que la sostiene. Hay cargas demasiado pesadas para el brazo de los hombres. El error de los que de buena fe, movidos por su amor a la libertad, han concedido a la soberanía del pueblo un amor sin límites, procede del modo en que se han formado sus ideas políticas. La historia nos ha mostrado cómo un pequeño número de hombres, o incluso uno solo, detentaban un poder inmenso, causante de muchos males; su cólera se ha dirigido contra los detentadores del poder, no contra el propio poder. En lugar de destruirlo, solo han pensado en desplazarlo. Era un azote y lo han considerado como una conquista. Se lo han conferido a la sociedad entera. De esta, ha pasado necesariamente a la mayoría; de la mayoría, a las manos de algunos hombres, a veces a las de un solo hombre; ha causado tanto mal como antaño; como resultado, se han multiplicado los ejemplos, las objeciones, los argumentos y los hechos contra las instituciones políticas.

 

En una sociedad fundada en la soberanía del pueblo, es verdad que nadie, ninguna clase, tiene derecho a someter a los demás a su voluntad; pero es falso que la sociedad en su conjunto posea sobre sus miembros una soberanía sin límites.

 

La universalidad de los ciudadanos es soberana en el sentido de que ningún individuo, ninguna fracción, ninguna asociación parcial puede arrogarse la soberanía si esta no le ha sido delegada. Pero de ello no se sigue que la universalidad de los ciudadanos, o aquellos que han sido investidos con la soberanía, puedan disponer soberanamente de la existencia de los individuos. Hay, al contrario, una parte de la vida humana que es, por naturaleza, individual e independiente y que queda al margen de toda competencia social. La soberanía solo existe de un modo limitado y relativo. Donde comienza la independencia y la existencia individual se detiene la jurisdicción de esta soberanía. El asentamiento de la mayoría no basta en todos los casos para legitimar sus actos; hay actos que es imposible sancionar; cuando una autoridad comete actos semejantes, nada importa la fuente de la que pretende emanar, nada importa que se llame individuo o nación. Le faltaría la legitimidad, aunque se tratase de toda la nación y hubiere un solo ciudadano oprimido.

 

Cuando la soberanía no está limitada, no hay ningún medio de poner a los individuos al abrigo de los gobiernos. En vano se pretenderá someter a los gobiernos a la voluntad general. Son siempre ellos los que dictan esa voluntad, y todas las precauciones resultan ilusorias. Creo que el pueblo es soberano en un sentido y dependiente de otro. Le es fácil a la autoridad oprimir al pueblo como súbdito, para forzarlo a manifestar, como soberano, la voluntad que ella necesita.

El pueblo no tiene derecho de castigar a un solo inocente, ni tratar como culpable a un solo acusado, sin pruebas legales. Ni delegar a alguien para hacerlo. El pueblo no tiene derecho de atentar a la libertad de opinión, a la libertad religiosa, a las garantías judiciales, a las formas protectoras. Ningún déspota, ninguna asamblea, puede, pues, ejercer un derecho semejante diciendo que el pueblo se lo ha conferido. Todo despotismo es ilegal.

 

Por aquello seria inteligente crear una sociedad del futuro donde más que la voluntad general domine la consciencia de los propios individuos que componen una sociedad, esa consciencia creerá las bases para construir un modelo de vida sano y responsable que en el momento de conceder, a través del voto, una voluntad general deberá asignar una responsabilidad a aquella persona que posea los requisitos válidos para hacer crecer la comunidad que representa.