La función que fue asignada por el Constituyente a la Corte Constitucional no consiste en apoyar o en atacar, desde el punto de vista político, las decisiones oficiales o las políticas de los gobiernos, ni tampoco en valorar la mayor o menor  conveniencia y la oportunidad de las normas sometidas a su examen, sino en velar por la intangibilidad, la integridad y la supremacía de la Constitución, mediante el estudio y la confrontación  jurídica, objetiva e imparcial de dichas disposiciones –inferiores en la jerarquía normativa-  con los principios y reglas de nivel constitucional.     Cuando el artículo 4 de nuestra Constitución proclama que ella es “norma de normas”, está subrayando el postulado de supremacía o supralegalidad que la caracteriza en cuanto proveniente del poder originario y soberano –poder constituyente-  del cual es titular el pueblo, y que siempre debe prevalecer sobre los preceptos dictados por los órganos constituidos.

 Estos últimos –Congreso y Gobierno, por ejemplo- fueron creados por la Constitución, y fue el Constituyente, por medio de ella, quien, dentro de ciertas reglas y en determinadas materias, les otorgó facultades -que de otro modo no tendrían-  para expedir normas jurídicas exigibles a los gobernados.

Por ello preocupa que, hoy por hoy, se observe una cierta tendencia de la Corte a debilitar el control de constitucionalidad y a obstruir, invocando formalistas y caprichosos criterios, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad por parte de los ciudadanos.

La Corte permitió que el Congreso - cuyo poder de reforma estaba sometido a reglas- las modificara mediante el  “Fast track” (procedimiento de reforma abreviado); que sustituyera al pueblo en la refrendación del Acuerdo de Paz; que sustituyera la Constitución en cuanto a la estructura de la justicia transicional. Y ha flexibilizado en grado sumo el rigor en  la exigencia de sujeción de las leyes a la Carta Política, generando un creciente desorden institucional. Véase, por ejemplo, la manera irregular como se tramitan normas legales y hasta constitucionales en el  Congreso, sin siquiera leer los textos, sin publicación oportuna, sin cumplir el reglamento  y sin debate, todo lo cual -si se aplica el actual criterio de control constitucional- será avalado por la Corte.

Resulta, entonces,  imperativo retornar a conceptos como los puestos en vigor desde 1920 por Hans Kelsen, y en Colombia por el Acto Legislativo 3 de 1910, por la Constitución de 1991 y por la jurisprudencia de los primeros años de su vigencia. Hay que fortalecer el sistema de control de constitucionalidad.

Reflexionen sobre esto en diciembre, señores magistrados.