NUEVAS REGLAS DE JUEGO

 

1.  Las internas de la Corte Constitucional

 

-Está muy bien que las sesiones de las salas de selección de tutelas sean públicas; todo lo que signifique transparencia y claridad es loable.

 

-Los magistrados han resuelto que entregarán sus sentencias, tanto de constitucionalidad como de tutela, en versiones completas y debidamente firmadas, en pocos días después de dictadas. Ya era hora. Durante los últimos años se generalizó la práctica de informar el sentido de las decisiones mediante comunicados de prensa –que carecen de valor jurídico y además en muchas ocasiones no reflejan el contenido posterior de la sentencia-, y pasan muchos meses antes de conocer el texto del fallo. Eso, además de generar confusión, inestabilidad e inseguridad jurídicas, lleva a especulaciones inconvenientes sobre los alcances del fallo y dificulta el cumplimiento de lo dispuesto por la Corte, como también la actividad administrativa y la tarea legislativa del Congreso, en especial cuando se trata de sentencias condicionadas, moduladas o retroactivas.

 

-La Constitución del 91 dispuso que el presidente de la Republica tendría un plazo de dos meses para establecer el régimen procedimental de los juicios ante la Corte Constitucional, y así lo hizo el Decreto Ley 2067 de 1991; por orden de la propia Constitución sin embargo, solo el Congreso puede modificar o derogar este decreto. Por eso cabe insistir en que el legislativo reforme el artículo 10 de aquella norma, según el cual “Las deliberaciones de la Corte Constitucional tendrán carácter reservado. Los proyectos de fallo serán públicos después de cinco años de proferida la sentencia”.

 

Desde mi paso por esa corporación me he preguntado el porqué de esta reserva en cuanto a los procesos de constitucionalidad. Si la acción pública respectiva es, en efecto,  –pública, y si tanto en la revisión de los tratados internacionales como de los decretos legislativos propios de los estados de excepción, de las leyes estatutarias y de los actos de convocatoria a referendo o a asamblea constituyente está de por medio un interés público, no se entiende porqué consagrar la reserva de ponencias y deliberaciones de la Sala Plena -que, como dije, se viola constantemente mediante filtraciones a los medios -. En México las sesiones de la Corte Suprema son públicas, y sus ministros exponen de manera transparente sus argumentos. Con la publicidad se evitan los cambios injustificados del voto, y se puede verificar la mayor o menor coherencia de los magistrados en sus posiciones jurídicas.

 

-Finalmente, no hay necesidad de prohibir el cabildeo de los abogados u otras personas interesadas en los procesos ante los despachos de los magistrados. Esto está prohibido, u de manera perentoria, desde 1992, cuando escribimos el reglamento de la Corte. Lo que tienen que hacer es respetar la norma".

 

2. Las de competencia del Congreso

 

-Ya se aprobó en primera vuelta (primera legislatura ordinaria, de las dos que requiere una reforma constitucional) el proyecto de acto legislativo sobre equilibrio de poderes. Es difícil introducir nuevos temas de fondo dentro del texto, porque la Constitución (artículo 375) prohíbe que se incluyan en el segundo período iniciativas no presentadas en el primero.

 

-Por tanto sería mejor presentar un nuevo proyecto integral que revise las reglas constitucionales sobre elección, investigación y juzgamiento de los magistrados de las altas corporaciones judiciales, del Fiscal General, del Procurador, del Defensor del Pueblo, del Registrador del Estado Civil y del Contralor

 

-Todos los magistrados deberían ser elegidos por concurso de méritos y no por un cuerpo político. Puede pensarse en una preselección de candidatos, mediante un estricto y bien programado concurso de méritos que examine no solamente los conocimientos en materia jurídica sino la trayectoria académica y calidades personales, de modo que las facultades de Derecho postulen los candidatos ante la respectiva corporación, y esta seleccione.

 

-No conviene mantener el sistema actual donde el Senado, previa acusación de la Cámara, juzga a los magistrados, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia juzgan a los congresistas, al paso que los consejeros de Estado deciden sobre pérdida de investidura de los congresistas.

 

-Si el Tribunal de Aforados en efecto va estar compuesto por magistrados insospechables, por eso mismo debería resolver, sentenciar, y no solo acusar ante el Congreso. Ese elemento político es pernicioso y causante de impunidad.