POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

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Aunque sin referencia específica a un cierto caso -si bien los colombianos pensaron enseguida en el de Gustavo Petro, alcalde titular de Bogotá-, el presidente de la Corte Constitucional, doctor Luis Ernesto Vargas Silva, ha suministrado a los medios una declaración fundamentada y contundente: la Corte ha dicho varias veces que las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH obligan a los Estados que, como Colombia, hacen parte del sistema interamericano de protección de los mismos, con apoyo en las cláusulas de la Convención Americana, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica.

Esto no lo está afirmando un abogado defensor, ni un comentarista cualquiera, sino el Presidente de la corporación judicial de más alto rango en materia de Derechos Humanos en el Derecho Interno, reflejando en sus palabras, más que una opinión personal, la doctrina sentada por el tribunal al cual la Constitución colombiana confía nada menos que la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución.

Esto pone de presente que no pueden los gobiernos escudarse en la Constitución ni en otras disposiciones del Derecho Interno para eludir, evadir, desacatar o incumplir las decisiones de la Comisión o de la Corte Interamericana. Por eso el artículo 93 de la Constitución colombiana establece con indudable carácter imperativo: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.

Según el artículo 25 del Reglamento de la Comisión, adoptado en 2009 y modificado en 2011 y 2013, ella, de oficio o a petición de parte, tiene autoridad para adoptar medidas cautelares, esto es preventivas, tuitivas de los derechos de cuya protección se trata, que son los derechos humanos, entre ellos los derechos políticos -no solo por amenazas de muerte, como equivocadamente lo considera nuestra Canciller-. La Comisión puede adoptar las medidas “ya sea que guarden o no conexidad con una petición o caso”, y “se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema Interamericano”, según dispone la mencionada cláusula.

Es natural, entonces, que esas medidas sean vinculantes para los Estados, toda vez que se trata de amparar o proteger derechos humanos que afrontan un perjuicio irremediable. Si se está ante una posibilidad de daño inminente, ante un grave riesgo, ante una real amenaza contra cualquiera de tales derechos, no se entendería que las medidas pudieran consistir en meras sugerencias o consejos de la CIDH al gobierno o autoridad del Estado parte en la Convención Americana, para que éste decida si las aplica o no. El Estado tiene la obligación de cumplir.

De todo lo cual resulta que -hablando en Derecho, y no según las conveniencias políticas, como está de moda en Colombia-  la actitud renuente del Gobierno, o su decisión de desconocer, ignorar o desatender las medidas cautelares de la CIDH no está entre las opciones por considerar desde el punto de vista del Estado.

Y si esa es la conducta de nuestro gobierno, más valiera que Colombia, en vez de quedar tan mal como viene quedando, se abstuviera de celebrar Tratados o Convenios Internacionales que después incumple, y de proclamar su respeto a unos derechos humanos que, para el Gobierno, no son tan importantes como los votos de la reelección.

Bien claro y con autoridad habla el Presidente de la Corte Constitucional en esta materia.

POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

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Veíamos por televisión las intervenciones de fin de año de varios presidentes en distintos países: entre otros, los jefes de gobierno de Ecuador, México, Argentina, España, Chile, y por supuesto, el de Colombia.

Si la única fuente de información sobre lo que pasa en el mundo fueran esos  pre grabados , en el curso de los cuales los presidentes se presentan sonrientes al lado del árbol de Navidad para saludar a sus gobernados con motivo del Año Nuevo, todo sería dicha y prosperidad en el planeta. No habría pobreza, ni desigualdad, ni inflación, ni recesión,  ni delincuencia, ni desempleo, ni inseguridad,  ni carencias en materia de salud, de educación, de agua potable…En fin, cada país sería un paraíso.

La realidad es otra. Los pueblos sufren lo contrario. El hombre o la mujer que padece en carne propia el desempleo, la pobreza, la falta de oportunidades, la discriminación, o quien no entiende cómo hacer rendir el salario mínimo y su insignificante reajuste para enfrentar las alzas que se avecinan, contemplan esos programas de televisión con una sonrisa que más parece una mueca y que muestra a la vez indignación, frustración, incredulidad y hasta algo de compasión por el gobernante.

Sí. Los presidentes no son propiamente veraces en sus exposiciones. Suelen pintar todo color de rosa, con base en cifras de origen dudoso, y lo hacen con la seguridad (¿desfachatez?) que aconsejan los asesores de imagen.

Cifras. Manipulables y manipuladas. Como las que en Colombia han llevado al gobierno del  Presidente Santos a informar que “Colombia es, de lejos, el país que más está creando empleo en América Latina”; que “un desempleo del 8.5% es el más bajo de los últimos once años”, o que “llevamos cuarenta meses seguidos bajando el desempleo mes tras mes”  (datos tomados de la página virtual de la presidencia de la República), mientras la CEPAL afirma en su más reciente informe que Colombia es el país con mayor índice de desocupación y que es el único país en América Latina que mantiene un índice de dos cifras (10,6%). Todo lo contrario de lo que afirma el DANE.

Cifras manipuladas, para sustentar los discursos presidenciales. Como la que incluye con carácter de “empleo” lo que denominan “empleo sin remuneración”. Cuando todos sabemos que eso, por definición, no es otra cosa que desempleo. Y que la existencia de una remuneración es elemento esencial de la relación de trabajo, según nuestras leyes.

POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

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Debemos preguntarnos –y esta época es propicia para ello-: ¿Por qué y desde cuándo la tendencia de nuestros dirigentes políticos y de los altos funcionarios estatales a resolver toda diferencia o cualquier discrepancia mediante la agresividad verbal y utilizando para sus diatribas los medios de comunicación y las redes sociales?

El espectáculo lamentable que reiteradamente ofrecen   personas cuyos cargos o responsabilidades gubernamentales, judiciales, administrativas, de control o políticas harían esperar de sus titulares un estilo mesurado, respetuoso y digno, ha llegado en las últimas semanas a un grado inconcebible e incomprensible de agresividad y falta de mutuo respeto, que debe tener perplejos a quienes consideraban a sus líderes y funcionarios  como paradigmas.

Hoy imperan en las altas esferas, en vez del buen trato,  el odio, la chabacanería, la ofensa, la búsqueda de datos –así sean  falsos-, mediante “chuzadas”, para divulgarlos en contra del rival o del enemigo, o del crítico, y generar escándalo. Nos hemos acostumbrado a presenciar los enfrentamientos en televisión y en  radio, y además no faltan los comunicadores que se especializan en estimular disputas, roces y motivos de pelea entre instituciones, entre miembros de los partidos, entre servidores públicos, entre figuras conocidas.

En el país se ha venido extendiendo el morbo, que podemos definir en esta materia como “…el placer de ver que los demás se matan entre sí, y mientras más altos e importantes sean los contendores, mucho mejor”. Es el moderno  circo romano,  sólo que ya en la arena  no están los gladiadores, ni las fieras –dispuestas a destrozar a los cristianos-, sino los ministros, los congresistas, los presidentes y ex presidentes de la República, los procuradores, los magistrados, los fiscales, los contralores…, todos listos a despedazarse.

 La arena está hoy constituida por los medios de comunicación, las redes sociales, el Congreso,  los foros supuestamente académicos, las convenciones de los partidos, las reuniones y asambleas de los gremios, las presentaciones de libros. Todos estos escenarios, que deberían ser propicios para el diálogo y para  el fecundo,  saludable y respetuoso intercambio de ideas y conceptos, se han convertido en  bases de lanzamiento de cohetes y misiles  verbales, en una permanente competencia por lograr la mayor originalidad en las frases insultantes.

En las graderías, que son las casas, las oficinas y los sitios de trabajo de los colombianos, el efecto pernicioso del mal ejemplo. En el exterior, los observadores. ! Y todavía se proponen diálogos “para alcanzar la paz” !