POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

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Al momento de escribir esta columna no se conoce todavía el nombre del nuevo Papa de la Iglesia Católica.

Quien resulte elegido por el Colegio de cardenales tendrá a su cargo la nada fácil misión de suceder a un Papa vivo –como no ocurría desde hace seiscientos años-; a un Papa que tuvo el valor de abdicar reconociendo su debilidad física y su consecuente incapacidad actual para ejercer las más delicadas funciones que se pueden confiar a un ser humano: conducir una grey compuesta por más de mil doscientos millones de personas. Pero, además, quien sea coronado Papa, además de la mirada del mundo entero en una época crucial, tendrá sobre sí la mirada de su antecesor, que si bien le ha prometido obediencia  y habrá de guardar prudente silencio, conoce como nadie los difíciles asuntos de la teología y la Doctrina, y ha tenido en sus manos el informe, hoy reservado y listo para entregar al Papa, rendido por tres cardenales a quienes el propio Benedicto XVI solicitó investigar acerca de graves problemas y dificultades que se viven en el interior del Vaticano y que afectan a la Iglesia.

¿Podría el nuevo Sumo Pontífice, ante Dios y ante su conciencia, bajo la mirada de su antecesor, eludir la dura tarea que  éste, por las razones que expuso, no pudo llevar a cabo?

Todos deseamos que el Papa  le ponga fin a la lucha de poderes que parece haberse instalado en el Vaticano, para que no regresemos a la época de Alejandro VI; que trace las nuevas pautas con mano firme; que expulse de la Iglesia a todos los curas pederastas, y que continúe la actividad, iniciada por sus antecesores, de acercamiento a otras confesiones, en busca de un auténtico ecumenismo.

El momento que vive la Iglesia Católica es muy difícil. Lo dijo el Papa Benedicto XVI, y es un secreto a voces. Es preciso que sea elegido un Papa suficientemente capaz de asumir el liderazgo para conducir a esos 1.200 millones de católicos por la senda trazada en su momento por Jesús de Nazaret.

No se trata, como algunos creen, de hacer concesiones a tendencias extrañas a la Doctrina. Por el contrario, lo que se necesita es que el Sumo Pontífice oriente y dirija a la Iglesia volviendo a los valores y principios originales, los auténticamente cristianos.

Todos hacemos votos por el acierto de los cardenales.

POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

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Después de varios meses de producida la vacante por vencimiento del período de Humberto Sierra Porto como magistrado de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado  -que le dio demasiadas vueltas al asunto-  confirmó ayer la terna de la cual el Senado de la República escogerá al nuevo integrante del máximo tribunal colombiano.

Lo cierto es que el Senado, en vez de la politiquería que ha rodeado las elecciones más recientes, debería proceder a estudiar seriamente las hojas de vida de los aspirantes; a escucharlos, y a adoptar una decisión que tenga en cuenta la alta responsabilidad de la Corte Constitucional y el papel que debe jugar dentro de la estructura de nuestro Estado Social de Derecho.

Lo que se necesita es un magistrado o magistrada independiente, cuya autonomía, cuya verticalidad y cuyos conocimientos jurídicos le permitan adoptar decisiones acertadas con miras a la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución de 1991.

Los magistrados de la Corte deben estar comprometidos con el imperio real y efectivo de la Carta Política, no con quienes los postulan ni de quienes los eligen; ni son voceros del Gobierno o de la Oposición; de ningún jefe político, ni de una cierta ideología; de corriente alguna; de un sector económico o de un interés empresarial determinado. No son representantes, alfiles, ni peones de nadie.

Por eso nos sorprendió el dicho de algún magistrado, según el cual jamás votaría contra el Gobierno. Nos pareció una afirmación prevaricadora porque el deber de los magistrados es votar contra las normas y los actos que violan la Constitución o que desconocen los derechos, no en defensa o en contra de la administración, ni de quien la encabeza.

Ya tiene el Senado la terna. Escoja al mejor y al más independiente.

POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

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El Gobierno de Bogotá y el Concejo Distrital, al igual que otros mandatarios y corporaciones locales, tienen que revisar la grave situación que se presenta en la actualidad en varios municipios y distritos con los cobros por valorización. Una valorización que, en la mayoría de los casos, se ha incrementado increíblemente y de manera injusta. Una contribución convertida inconstitucionalmente en impuesto, que se ha adicionado al impuesto predial, obligando a la persona a pagar un tributo dos veces por la misma causa: ser propietario de un inmueble.

Un mismo hecho gravable da lugar a dos tributos. Pero ese hecho gravable, además, no existe, pues la valorización, como lo dicen los ciudadanos que con toda razón protestan, es totalmente falsa.

En efecto, resulta inconcebible que se estén cobrando sumas por valorización en sectores completamente abandonados por la correspondiente administración; en donde las obras no se han llevado a cabo; en donde los predios no se han valorizado sino que, por el contrario, por ostensibles carencias en materia de vías y servicios públicos, se han desvalorizado.

Una verdad de Perogrullo: la contribución de valorización, según la teoría jurídica tributaria, se funda necesariamente en el mayor valor que adquiere un inmueble a raíz del beneficio que representa para sus propietarios una determinada obra. No es un impuesto  -que por definición se paga sin contraprestación específica para el contribuyente-. Es una contribución, que solo paga quien se beneficia. Que no paga quien no se beneficia.

Lo que da lugar al tributo, en el concepto original de la valorización, no es la propiedad sobre el predio; ni el valor catastral del inmueble. Es el hecho de haberse valorizado ese inmueble por una obra construida por la administración en sus proximidades, en cuya virtud el bien vale más que antes. Luego si la obra pública en cuestión está apenas proyectada; si no se ha llevado a cabo, el mayor valor del inmueble no ha tenido lugar y, por tanto, el propietario no tiene por qué pagar la contribución. Eso de la valorización por beneficio general es un engendro, y los actuales cobros en la capital de la República no son otra cosa que un abuso.

Pero ahora, en varias ciudades y municipios del país, se está cobrando sin fundamento a personas pobres, cuyos inmuebles no se han valorizado, lo cual genera un gran conflicto social que no debe seguir siendo ignorado por los gobiernos y concejos locales, ni por el Congreso, que debería establecer  -de una vez por todas-  unas reglas legales claras, coherentes y equilibradas en relación con este tributo. En una nueva legislación al respecto habría que regresar al concepto primigenio de la valorización, y se debería excluir toda posibilidad de cobro a los contribuyentes sin que se hayan culminado las obras públicas.