Lo acontecido en el sur del Caquetá confirma varias cosas, a las cuales ya nos habíamos referido:

- Que las FARC no representan al pueblo colombiano, como siempre lo han proclamado con las letras “E.P.” que anexan a su autodenominación.

- Que no vacilan en cometer crímenes atroces en toda ocasión, con independencia de si van perdiendo o ganando la guerra; de si están o no negociando la paz; de si conservan su fortaleza militar, o de si están diezmados.

- Que le han causado a la sociedad un daño infinito, y que, por sus actitudes  -más allá de las palabras de sus comunicados-, se deduce que definitivamente no quieren la paz.

- Que han dejado sin argumentos a quienes en el pasado hemos apoyado la mesa de negociaciones o el acuerdo humanitario para la liberación de los secuestrados.

Lo hemos dicho en escrito reciente:

“El dictamen de Medicina Legal no deja lugar a dudas: no estamos simplemente frente a cuatro homicidios en el caso de un conflicto armado, sino ante cuatro asesinatos, cometidos contra personas en total estado de indefensión y mediante disparos a corta distancia y por la espalda. Se trata de un acto repugnante.

Queda claro que los integrantes de esa organización criminal carecen hoy de todo argumento que justifique desde el punto de vista político su existencia y su actividad. Si alguna vez tuvieron motivaciones altruistas; si persiguieron objetivos de reivindicación social; si pretendieron, con base en una ideología de izquierda, protestar contra el sistema o contra el régimen, de todo ello no queda ningún rastro; ni el más mínimo vestigio.

Hoy no se puede hablar de una organización alzada en armas en rebeldía contra el establecimiento, sino de un grupo desordenado y salvaje de desalmados, que se dedica al secuestro, al narcotráfico y al terrorismo” .

Varias pruebas le han suministrado al país para desconfiar de todas sus propuestas, y para generar el repudio general de la ciudadanía. Para deslegitimar por completo cualquier enfoque político que se quiera intentar con buena voluntad y con miras al diálogo.

No pocas veces los gobiernos y los mediadores han sido engañados. Y la comunidad internacional  -incluidos algunos países que habían defendido la actividad guerrillera y hoy se avergüenzan de haberlo hecho-  está persuadida, en la actualidad, de su carácter netamente terrorista y bandolero.

Estamos en presencia de una despreciable banda de delincuentes comunes y nada más.

 

Como lo hemos señalado varias veces, la acción de tutela, como mecanismo judicial inmediato y eficaz para la protección efectiva de los derechos fundamentales, se ha constituido en uno de los más importantes adelantos de nuestro Derecho Público y en formidable herramienta en manos de los ciudadanos para contrarrestar el abuso del poder, tanto de las autoridades como de los particulares.

De manera directa hemos podido presenciar en foros y academias internacionales la constante referencia al sistema colombiano y el bien ganado prestigio, tanto de la acción misma como de la abundante jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional en estos veinte años.

Desde luego, no se preserva ni se defiende la tutela cuando se tiende a utilizarla de manera indebida, es decir, para cometidos ajenos a los que le son propios.

La acción ha sido concebida como procedimiento subsidiario, que solamente puede ser interpuesto ante los jueces cuando no existen otros medios judiciales idóneos para asegurar el derecho quebrantado o amenazado, o  -aun existiendo esos otros medios-  cuando la persona de cuyo derecho se trata afronta la posibilidad inminente y próxima de un perjuicio irremediable. Por tal se entiende aquel daño que, de no ser por la acción de tutela oportuna  -con carácter transitorio-,  se causaría de manera irreversible a la persona y a sus derechos.

La doctrina constitucional ha sido en este sentido reiterada desde la primera sentencia de la Corte, proferida el 3 de abril de 1992.

Entre otras cosas, debemos destacar que la acción de tutela no está llamada a sustituir los procedimientos ordinarios, ni tampoco puede convertirse en un recurso adicional contra las sentencias definitivas de los altos tribunales, y no cabe contra providencias, a menos que pueda probarse de manera indudable que se ha incurrido en protuberante y grave vía de hecho, lo cual resulta completamente extraordinario.

Ahora bien, reconocer que ha habido abusos en algunos casos no significa que podamos abrir la puerta para que en adelante se obstaculice o dificulte la tutela, ni para preparar proyectos de normas que tiendan a desalentarla, cuando en realidad la mayor parte de los casos en que se ha acudido al amparo corresponden a situaciones de la vida real en que han sido violados o amenazados los derechos básicos.

No lleguemos a ninguno de los dos extremos: ni al abuso de la tutela, ni a inutilizarla, como algunos quieren.

El movimiento promovido por los estudiantes universitarios a raíz de la presentación que hiciera el Gobierno de un proyecto de ley sobre educación superior merece cuidadoso análisis y toda la atención, tanto de las autoridades como de la sociedad colombiana.

En primer lugar debe destacarse el hecho de que los estudiantes, tras varios años de pasiva actitud frente a los problemas nacionales y de conformismo en relación con políticas públicas (lo último trascendente fue el Movimiento “Todavía podemos salvar a Colombia”, que, mediante la ingeniosa fórmula de la “séptima papeleta”, logró desencadenar el proceso de adopción de la Carta Política de 1991), se hayan organizado alrededor de unos objetivos razonables  -que se pueden resumir en la racionalización y democratización del sistema educativo-,  y que lo hayan hecho por vía pacífica, rechazando la injerencia y aprovechamiento de elementos extraños, como los grupos desadaptados y violentos, o los políticos interesados.

Nos parece que no se trata de una agrupación estudiantil coyuntural orientada simplemente a obtener el retiro de un proyecto de ley  -aunque ese haya sido el motivo inicial-  sino que estamos en presencia de un movimiento de juventudes con objetivos de largo plazo, animado por una voluntad participativa de carácter permanente que, hacia el futuro, influirá de modo determinante en el rumbo que tomen las grandes decisiones colectivas. Ello, desde luego, siempre que los integrantes de la organización sigan actuando razonada y pacíficamente, de manera coherente y sobre todo con una visión clara sobre su papel.

La certidumbre de que este proceso no es transitorio se deduce de la manera como hasta ahora se ha ido generando, desarrollando y fortaleciendo la protesta, a la que todos los ciudadanos tenemos derecho a la luz de la Constitución. Mientras sea pacífica y bien fundamentada, ella es bienvenida y debe ser vista por la sociedad como una renovada modalidad de la democracia participativa.

La verdad es que, en Colombia, aparte de los gremios y los sindicatos  -organizaciones que a veces aportan al interés general y en la mayoría de las ocasiones velan tan solo en procura de los intereses reducidos a sus afiliados-,  la gran sociedad colombiana carece de representación. No tiene voceros. De allí los abusos que contra ella se cometen por parte de muchos sectores, generalmente poderosos.

Se necesita estimular la creación y expansión de movimientos sociales fuertes que asuman la vocería de la población en materia de educación, salud, agua potable, ambiente sano, servicios públicos, y que logren comprometer a las autoridades en la efectividad de las tareas que les corresponden para convertir en realidad los postulados del Estado Social de Derecho.

Por eso, nos complace que en un asunto tan importante para las nuevas generaciones y para el futuro del país como lo es la educación, los estudiantes hayan logrado el archivo de un proyecto unilateral de carácter neoliberal, para sustituirlo por uno que surja del diálogo, del consenso, de la participación y que cuente con el aporte de los sectores interesados; que se discuta de cara al país. Un proyecto que no sea simplemente impuesto a los legisladores por los tecnócratas.

La deuda pública que deja Silvio Berlusconi en Italia asciende a casi dos billones de euros y el desempleo está en un nivel del 10%.

Además, tras la serie de escándalos de orden sexual, financieros, judiciales y por corrupción  -pese a los cuales “Il Cavallieri” contó en tres oportunidades con el favor popular-, salió muy desprestigiado, hasta el punto de que su renuncia, solamente producida después de que el Parlamento aprobara su paquete de reformas económicas, fue recibida con júbilo por miles de manifestantes en Roma y en otras ciudades.

El Presidente Giorgio Napolitano ha confiado al economista Mario Monti la difícil tarea de conformar el nuevo Gobierno, y en verdad cuenta con el respaldo y sobre todo con la esperanza de los italianos, además de los gobiernos europeos, lo que representa, en las actuales circunstancias, que todos lo ven como el posible salvador de Italia ante la perspectiva actual del desbarajuste económico.

Las dificultades en la composición del Gabinete han comenzado con la posible designación, en el Ministerio de Justicia, del abogado Ugo de Siervo, quien como Presidente de la Corte Constitucional impidió la entrada en vigencia de las leyes que declaraban a Berlusconi inmune a los procesos judiciales y le otorgaban prácticamente una insostenible amnistía por sus delitos. Los partidarios de Berlusconi se abstienen por ello de apoyar a Monti, a menos que excluya a ese jurista del Gobierno, por entender que utilizó su cargo para hacer política, cuando en realidad no hizo otra cosa que cumplir su función judicial.

En todo caso, Mario Monti tiene un encargo difícil de cumplir en el campo político y en el económico.

Otro tanto puede afirmarse del nuevo gobernante griego, Lucas Papademos, quien asume un reto similar tras la renuncia de Yorgos Papandreu a la dirección del Ejecutivo.

España, por su parte, cuya situación económica es muy difícil y cuyo desempleo presenta los más altos índices en Europa, se apresta a elegir al nuevo presidente del Gobierno, quien todo indica será el conservador Mariano Rajoy, como consecuencia del evidente fracaso de Rodríguez Zapatero. Este entrega un país en crisis, de tal magnitud que se vio precisado a adelantar el proceso electoral para el 20 de noviembre.

Rajoy tampoco la tiene fácil, ya q         ue en realidad será elegido a lomo del desprestigio de Zapatero, y no por la bondad de sus propuestas, que son prácticamente inexistentes.