Se están lanzando al agua los patos del Partido Liberal que aspiran a la candidatura presidencial en las elecciones del 2010. Ahí vemos en primer lugar a Cecilia López y Gómez Méndez, seguidos de Rafael Pardo, Cristo y Marulanda, y quien sabe cuantos más en el futuro inmediato. Pero, aquí si casa lo que reza ese viejo adagio popular: “ni están todos los que son ni son todos los que están”.

¿Díganme, no más, si candidaturas tan prominentes como las de Horacio Serpa o Piedad Córdoba pueden faltar en un abanico de presidenciables dentro del Partido Liberal?

Mientras se despeja el interrogante, hablemos de momento sobre el discurso que el Partido Liberal debiera emprender para reconquistar las huestes que le permitieron ejercer y controlar el poder del Estado, buena parte del siglo pasado.

Dice Mauricio Cabrera en el discurso de lanzamiento de la precandidatura de Cecilia López que (…) “hoy el Partido tiene que volver a conectarse con los sectores sociales de obreros y campesinos que en el pasado fueron su base y razón de ser (…) y luchar por los principios de igualdad social y justicia que animaron las grandes realizaciones de los gobiernos liberales del siglo pasado”.

Con todo respeto, como dicen los hermanos pastusos, cabría preguntarle a Cabrera si a la hora de redactar el párrafo de la cita pensó en el ex presidente César Gaviria, hoy director único del Partido Liberal, es decir, el capo del equipo que lo debe conducir en su glorioso retorno al solio de los Presidentes.

Porque si pensó en él, debió excluirlo, así haya sido tan sólo mentalmente, de la lista de los gobiernos liberales del siglo pasado que animaron las grandes realizaciones en la lucha por los principios de igualdad social y justicia.

Es ya llover sobre mojado recordar que buena parte de nuestros males sociales de hoy tienen su génesis en la apertura económica emprendida en el gobierno de Gaviria. Luego, pensar que el precursor de nuestra desgracia es el llamado a curar nuestras heridas, pues, eso sí es como toparnos al diablo haciendo hostias.

Dice Cabrera además que (…) “el reto (del liberalismo) es impedir la reelección de las políticas conservadores de Uribe. Y podríamos agregarle, políticas en las que está de acuerdo en todo el ex presidente Gaviria, menos en la reelección.

El Partido Liberal, si de verás quiere reconquistar las huestes que le permitieron gobernar a Colombia tantos años durante el siglo pasado, gracias a las profundas reformas sociales del ex presidente Alfonso López Pumarejo, y tal vez uno o dos más que en aras de la brevedad no cabe entrar a discutir, tiene que empezar por cambiar de director. Ese es el primer reto. Porque, no nos vengan a decir que es, el ex presidente Gaviria (quien nos envolató el camino), el Moisés que nos conducirá a la tierra prometida. A otro perro con ese hueso.

Cuando veo a los precandidatos liberales presentar sus discursos de lanzamiento en un estrado presidido por Gaviria, se me asemejan a ese pasaje de Caperucita Roja en la que el lobo empieza a tramarla para engullirla.

Créanme: es más fácil que el liberalismo reelija a Uribe a que vuelva a creer en Gaviria. Colmando esta nota de lugares comunes, si de escoger entre uno y otro se tratara, de Uribe pudiéramos decir que… “es mejor malo conocido” y de Gaviria que “de los arrepentidos se vale el diablo”. Y mejor dicho, como para que no quede ninguna duda, entre estos dos… “que entre el diablo y escoja”.

Las declaraciones del Viceministro de Defensa acerca del impacto causado en Inglaterra, como antes había ocurrido en los Estados Unidos, por el escándalo de los “falsos positivos”, no pueden pasar desapercibidas, y deben tener alguna consecuencia.


La preocupación del Viceministro, como la del Ministro y la de todo el Gobierno, reside, no tanto en el hecho de que estos crímenes de lesa humanidad hayan sido cometidos en nuestro territorio, sino en la pérdida o suspensión de los apoyos financieros que en materia militar nos puedan brindar otros gobiernos, y quizá también -especialmente en la Cancillería- hay incertidumbre por la imagen de Colombia en el exterior -harto desmejorada por ese concepto-, y desde luego, los partidarios del TLC con los Estados Unidos están rogando que, como por ensalmo, el tema de los “falsos positivos” desaparezca de una vez por todas, sin darse cuenta de que ello es imposible. Menos con Obama, quien tiene como prioritaria la cuestión del respeto a los Derechos Humanos.


Estos crímenes, como lo acaba de exponer con claridad y pruebas el Senador Juan Manuel Galán -hasta provocar inclusive las sentidas exclamaciones de petición de perdón por parte de un militar tan sincero y directo como el General Freddy Padilla de León-, no pueden quedar impunes, ni puede aferrarse el Gobierno, como parece ser la inclinación del Ministro Santos, a cerrar los ojos para informar que, desde octubre del año pasado, no hay más denuncias. Galán ha mostrado que sí las hay, y las madres de los desaparecidos no podrían mentir en materia tan delicada.


El Gobierno creyó que todo quedaba solucionado con la destitución de 27 militares, durante la rueda de prensa del pasado 29 de octubre.


Pero esa es una posición equivocada, por varios motivos:

Que se sepa, esos militares fueron expulsados en ejercicio de las facultades presidenciales, pero jamás se ha dicho que estén comprometidos en la comisión de los crímenes, aunque el mensaje de la rueda de prensa fue ese, metiéndolos a todos en el mismo saco, por lo cual no es extraño que muchos -en Colombia y por fuera- los consideren a todos como unos malhechores, sin haber sido juzgados ni condenados.


Respecto de esos oficiales debe presumirse la inocencia, mientras no sean hallados culpables, previo un debido proceso. Pero el Estado, a través de sus órganos competentes, debe adelantar las investigaciones con mayor celeridad, y llegar a conclusiones sobre los autores, tanto materiales como intelectuales, de tales desapariciones y asesinatos. Lo único que no puede proseguir es una situación, como la presente, de total indefinición, que castiga por igual a las víctimas -que nada saben acerca de si al fin se hará justicia- y a los propios militares destituidos, todos cubiertos por un manto de duda ante la sociedad, sin que se les haya desvirtuado su presunción de inocencia.


La rueda de prensa en mención fue una confesión de parte del Estado colombiano, que no se puede contrarrestar ahora solamente con declaraciones según las cuales no hay nuevas denuncias. Esa es una actitud simplista y complaciente, que no representa defensa alguna para Colombia.

Con el objeto de evitar desagradables episodios como los relativos a las denuncias sobre posible enriquecimiento de los hijos del Presidente de la República a partir de decisiones provenientes de funcionarios subalternos de su padre, y para que las suspicacias no enturbien el curso normal de la Administración, lo más aconsejable para la salud del gobernante es aplicar un principio de total separación entre la actividad pública y el interés privado suyo o de sus allegados.


Es evidente que, desde el punto de vista jurídico, las inhabilidades e incompatibilidades solamente se configuran cuando los hechos encajan de manera exacta en normas positivas que las hayan definido taxativamente. Y también es cierto que, para condenar a alguien por tráfico de influencias se necesita probarlo de manera fehaciente, y no deducirlo solamente por sospechas o por malicia indígena. En tal sentido, en este momento nada se puede concluir dentro del debate en referencia por posibles conductas ilícitas o ilegales.


Pero, como pauta de comportamiento adecuada al genuino concepto del servicio, que además conviene a la tranquilidad de quienes rigen los destinos públicos, la regla de oro debe ser la transparencia, inclusive exagerada, para que nada se pueda señalar como indelicadeza, aprovechamiento o falta de ética de quien gobierna, o de su circulo familiar.


Los compromisos del gobernante con el pueblo no se agotan en el cumplimiento de las normas constitucionales y legales, pues su pulcritud y su moral han de manifestarse sin género de dudas y en todos los casos.


Así como la Constitución prohíbe a los servidores públicos celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas; o nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco o vínculo matrimonial o de unión permanente, y ello se consagra como el objeto específico de preservar la plena independencia entre la función pública y los intereses personales o familiares, desde el punto de vista ético no es correcto que los hijos de quien encabeza la Rama Ejecutiva estén solicitando a quienes son sus funcionarios subalternos que les otorguen tratos preferenciales, a los que poquísimas personas del común tienen acceso. Como es el caso de la declaración administrativa de aptitud para la operación de una zona franca, sabiendo que el número de éstas, con sus ámplios beneficios tributarios, es exiguo y excepcional.

Anacronismos: cosas que no deberían decirse ni ocurrir en pleno Siglo XXI.


El Procurador General, Alejandro Ordóñez, ante una pregunta de CARACOL sobre la extraña diferencia entre su resolución absolutoria de los funcionarios de la “Yidispolítica” y el proyecto que habían preparado para la firma del anterior titular Edgardo Maya, respondió: “A rey muerto, rey puesto”. Lo cual, además de inaceptable soberbia, constituye, desde el punto de vista jurídico, una gran equivocación acerca del papel del Jefe del Ministerio Público.


Si, afortunadamente, no es rey el Presidente de la República, con todo lo desastrosa que sería una presunción que aquél tuviera en tal sentido, menos lo es la cabeza de la Procuraduría. Definitivamente, no es un Rey, ni nada parecido -Dios nos libre-, y que lo proclame es algo contrario al Estado de Derecho, cuya defensa le compete, y a la idea misma de democracia, como sistema político esencialmente diverso del que quisiera encarnar el doctor Ordóñez.


Amigos de la monarquía en Colombia, hay varios, el Procurador uno de ellos, e ingenuamente se debe sentir con la corona puesta.


Hablando de épocas superadas y de posiciones anacrónicas y antidemocráticas, es importante registrar que, en el mundo, regresó la piratería, como en los viejos tiempos del Caribe, o de los secuestros aéreos.


En altamar, para sorpresa y preocupación de gobiernos y empresas, han reaparecido los corsarios y filibusteros.


Con francotiradores, la Armada de Estados Unidos liberó al Capitán Richard Philips, que se encontraba en poder de piratas somalíes, tres de los cuales murieron durante el ataque y otro fue detenido. Los secuestradores amenazan vengarse, después de haber mantenido a Philips como rehén en un bote salvavidas por cuatro días. Y de haberse enriquecido con el dinero cobrado por los rescates.


Obama no quiso dialogar, y ordenó el rescate militar, evitando -con la buena suerte del operativo- la crítica incesante que ya se esperaba, mientras el rehén permaneciera privado ilegalmente de su libertad.


Hay más de 250 rehenes en manos de piratas. Muchos de ellos de Bangladesh, Pakistán y Filipinas, país que tiene a 92 personas secuestradas.


En fin, volvió la piratería, y el mundo debe entrar en el análisis de lo que podría hacer para contrarrestarla, pero sin poner en peligro la vida ni la integridad de los rehenes.


Guardadas proporciones, lo que pasa aquí con los secuestrados por las FARC.