POR JOHN MARULANDA

Foto: nortedeirlanda.blogspot.com

Las estalinianas farc ahora dicen que no van a entregar las armas aunque se firme la paz: planean hacer política con AK-47. ¿Quién apoya este absurdo?

Pues unos irlandeses que visitaron a los negociadores farianos e hicieron sus "aportes" a la todavía ambigua y oscura negociación. Y es que no es extraña la injerencia de los irlandeses en los asuntos de guerra en Colombia.

Derrotado Napoleón en 1815, Inglaterra, con unos 500 mil soldados cesantes, alquiló a Venezuela y la Nueva Granada 1.700 irlandeses para pelear contra los españoles.

En la batalla de Carabobo (1821) murieron 190. Ya en el Pantano de Vargas (1819) el Coronel Jaime Rook había muerto blandiendo su brazo recién amputado y gritando ¡ Viva La Patria…, dicen los historiadores conservadores.

Nunca se supo a cuál patria se refería. Marx dijo que Bolívar debía sus triunfos militares a los irlandeses.

En 1989, Peter McAleese, del SAS británico, fue contratado para asaltar el cuartel de las farc, lo que a la postre se canceló. Regresó para atacar el refugio de Pablo Escobar. 

Con unos mercenarios sudafricanos iniciaron la operación, pero al estrellarse uno de los helicópteros en que se movilizaban, abortó la operación, regresó a su país, escribió un libro y murió hace dos años.

En 2011, McCaule, Monagham y Connolly, del IRA, organización terrorista que se arroga la invención del carro bomba, entre otras linduras, vinieron a Colombia a entrenar a las farc en el uso de napalm. Arrestados, un juez los dejó en libertad condicional y, naturalmente, huyeron vía Venezuela. Deben estar en un pub irlandés tomando "Guinness" y riéndose de "those bloody stupid colombians ".

El pasado 31 de mayo, Conor Murphy, del Sinn Fein -brazo político del IRA-, el sindicalista McCallister, Donaldson y McDevitt, llegaron a la isla de marras y pontificaron: se necesita un cese bilateral al fuego. 

Recomendaron además que no se entregaran las armas. A estos duendes seguramente se unirán bajo la coordinación de la DGI cubana, algunos representantes de Hezbollah, Eta, Brigadas Rojas y similares -como en 1966 en la Tricontinental lo hicieron Castro, Arafat, Gadafi y el Chacal-, para tratar de montarnos en la diligencia madurista que recorre la ruta del "papel tuale" -como dijo el canciller Jaua- para llegar al socialismo del siglo 21. 

Venenoso aporte a la paz del país el de estos espurios invitados aplaudidos por los farucos, quienes no entienden que los orígenes, el desarrollo y las circunstancias del IRA y otras antigüedades de esa calaña, nada tienen que ver con su insensato narcoterrorismo.

A este paso, los parlamentarios de las farc serán oficiales de la reserva del batallón de Infantería 18 Rook, en Ibagué y en sus curules ondeará un banderín con el claddagh irlandés.

POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

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Está visto que la consagración de la reelección presidencial para el período inmediato (Acto Legislativo número 2 de 2004), a ciencia y paciencia de la Corte Constitucional –que en ese momento sacrificó su independencia-, ha causado un enorme daño al ordenamiento jurídico colombiano, ha desvertebrado el sistema de frenos y contrapesos y ha distorsionado por completo la función propia de nuestros jefes de Estado.

En efecto, además de impedir la natural renovación en el Gobierno, lo cual implica también la facilidad para que las irregularidades y corruptelas que puedan tener lugar en el interior de la administración permanezcan ocultas por muchos años; aparte de concentrar un inmenso poder en cabeza del Presidente de la República y de convertir al Congreso en simple órgano subalterno y ejecutor de las decisiones gubernamentales, ha dado lugar a que otros altos servidores públicos –que deberían ser independientes-, como es el caso del Procurador General y del Defensor del Pueblo, quieran también ser indefinidamente reelegidos, con la muy posible tendencia a caer en la tentación de aprovechar –como es muy probable que lo hagan los presidentes, porque el mal ejemplo cunde- los instrumentos propios del poder que ejercen y hasta el sentido de sus decisiones para incidir en los procesos de postulación y de elección. Es decir, resulta inevitable la politización del ejercicio correspondiente, y ello genera, como es lógico, desconfianza en la imparcialidad del funcionario, en especial cuando se trata de órganos de control, pues toda sanción y toda absolución son vistas desde fuera –aunque en realidad no lo sean- como jugadas de ajedrez político, con el indicado propósito.

De otro lado, no es de extrañar, y ya lo hemos visto, que –ahora y en el futuro- los presidentes, en vez de dedicarse a gobernar y a cumplir las promesas de campaña, se entreguen a la búsqueda desaforada de la reelección y conviertan cada acto y cada decisión suya en un nuevo paso hacia ella. No será exótico que los cuatro años del período inicial se destinen por el mandatario a preparar el terreno necesario para ser reelecto, y buscará por todos los medios, en una campaña soterrada pero real, que comienza el día de su posesión, asegurar que todos sus colaboradores –y por supuesto los congresistas- se empeñen en el mismo propósito. Al principio, los presidentes no lo reconocerán, pero sus determinaciones los delatarán, de modo que, poco a poco, se irá haciendo explícito lo que desde el comienzo estaba implícito: que el presidente de turno quiere reelegirse, “no por egoísmo sino porque el período es muy corto y el país necesita que se ejecuten a cabalidad los programas de mi gobierno”. Como en la vieja cuña radial de nuestro amigo Jorge Antonio Vega: “...tarde o temprano su radio será un Philips”.

Claro está: no faltará alguna obra magnífica o algún proceso excepcional, o algún reparto de beneficios a las clases populares, que, si se cristaliza, haga pasar a la Historia a ese presidente y, por lo tanto, “lo catapulte”, para decirlo en los términos de nuestros periodistas, hacia un segundo mandato.

En fin, la reelección todo lo distorsiona y todo lo contamina, siempre en perjuicio de la institucionalidad. Por eso insisto: es urgente un proyecto de reforma constitucional que prohíba la reelección en todos los cargos públicos en que se tenga capacidad de mando o decisión. El primero de todos: el de presidente de la República. 

POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

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Tal parece que el derecho fundamental a la intimidad, que se consagra en las constituciones modernas y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, está pasando al cuarto de los muebles viejos e inservibles. Contra él conspiran los modernos avances de la tecnología, el ingenio de los “hackers”, la enfermiza búsqueda de la “chiva” por parte de los medios de comunicación,  los “paparazzi”, las centrales de riesgos  de los bancos…y por supuesto los Estados, con el formidable poder político e informático  del que son titulares, normalmente parapetados en la disculpa de que su actividad violatoria de la privacidad tiene por objeto la lucha contra el terrorismo y la delincuencia. Desde luego, a la lista de los enemigos del derecho a la intimidad es necesario añadir precisamente a las organizaciones delictivas y criminales.

Así las cosas, no es de extrañar lo ocurrido por estos días en los Estados Unidos, cuando el ex analista de seguridad Edward Snowden ha puesto en jaque al gobierno del Presidente Barack Obama, al divulgar numerosos documentos reservados en los que se da cuenta de los planes oficiales de espionaje e interceptación ilegal, que tienen por víctimas potenciales a todos los ciudadanos norteamericanos, y hasta a los gobernantes de otros países, como en el caso de la cumbre del G-20 en Londres en 2009.

El artículo 15 de la Constitución colombiana, que hasta ahora no ha sido reformado ni derogado, reconoce el derecho fundamental a la intimidad, que corresponde a toda persona y a toda familia. Cada cual es dueño de un ámbito propio e inviolable, que no puede ser interferido ni invadido por otros, menos todavía por el Estado o por sus agentes, quienes, por el contrario, tienen la obligación de respetar y de hacer respetar ese derecho, garantizando su normal disfrute, sin discriminaciones, a todos los asociados.

De los asuntos que solamente interesan a la persona o a su círculo familiar no deben estar empapados los terceros, ni los medios de comunicación, ni la policía, ni los gobernantes.

Por eso, el artículo en referencia, que -como digo- se encuentra también en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, consagra que la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables, y que sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y formalidades que establezca la ley.

Pero, como en Colombia tenemos la tendencia a copiar, no lo bueno pero sí lo malo de las prácticas foráneas, ya se expidió una legislación que, bajo el amenazante nombre de PUMA, faculta a las autoridades de policía para que, con la excusa de perseguir delincuentes y de prevenir ataques terroristas, puedan ingresar al ámbito de las comunicaciones interpersonales e invadir la órbita privada en las redes sociales, en los celulares, en los correos electrónicos, en las llamadas telefónicas por Internet…En fin, el ojo escrutador del Gran Hermano que el escritor  George Orwell preveía para 1984, y que se demoró unos años, pero que está llegando con toda la fuerza de los adelantos tecnológicos, para acabar con la vida privada de los seres humanos. Como la “ética” de moda en el mundo está regida por la consigna maquiavélica según la cual el fin justifica los medios, bien estará –dicen los gobiernos- arrasar con la intimidad de todos los habitantes si con ello logramos la captura de uno o dos terroristas. Y Colombia –dirá el doctor Santos- no se podía quedar atrás, aunque se quede escrita la garantía constitucional de la intimidad.