La justicia transicional para lograr que las farc, después de cincuenta años de lucha armada fracasada, se avengan a una puja política civilizada, es asunto complejo. Intervienen, la decidida intención del Gobierno de facilitar la incorporación de los terroristas a la vida civil, la arrogancia de estos de imaginarse héroes de no se sabe qué gesta, el descrédito de la justicia, que está disparando el sicariato y los linchamientos, los compromisos internacionales, como el Estatuto de Roma, que no se pueden obviar y las expectativas de nuestros vapuleados uniformados. A lo anterior se agregan el fantasma de la impunidad para los terroristas de marras y el acoso judicial a nuestros soldados: unos 15.000 encartados por fiscales y jueces que no distinguen un golpe de mano de una emboscada, o lo que es peor, por funcionarios que consideran la institución militar una organización criminal y los cursos de combate, agravantes penales. Acore, en voz de su presidente, ha propuesto que mientras a los guerrilleros se les otorguen beneficios, a nuestros soldados se les den las garantías necesarias para su protección cuando actúan en legítima defensa del Estado de Derecho. Esta propuesta mantiene la esencia moral de nuestro Ejército: el Honor Militar. Entregar nuestros soldados en manos de fiscales o jueces que se muestran politizados, antimilitares y proclives a la izquierda, es pecado mortal; crear un Tribunal Militar es inútil, pues sería deslegitimado por instancias internacionales, aunque, por más que la izquierda radical quiera deteriorar o destruir la institución armada, pocas hay en la región que muestren una vocación democrática y de subordinación al poder civil como la nuestra. Querer aplicar a los militares en Colombia, lo mismo que se aplica torvamente a los militares en Argentina, Brasil, Uruguay o inclusive Ecuador, es otro desaguisado de la izquierda infantilista que promueve revoluciones tipo paraíso venezolano o cubano, con Ministerio de la Felicidad incluido, y que actúa con el odio que genera reacciones igual de extremas. El caso del coronel Plazas es emblemático: los soldados colombianos no se merecen un perdón jurídico que los iguale a los terroristas sino una justicia especializada que los juzgue con objetividad, imparcialidad y con apego a los principios y normas jurídicas. Repetir la historia del M-19, con gobernantes haciendo un mutis por el foro, terroristas en la farándula política criolla y militares en la cárcel, sería un desafuero mayor. Si no hay garantías constitucionales para los soldados de la República, serán muy pocos, o ninguno, los que quieran defender el país del fanatismo delincuencial de terroristas con curul y con las armas escondidas, las cuales penderán como una espada de Damocles sobre todos los ciudadanos indefensos. Este parece ser el plan estratégico fariano. El panorama es harto preocupante.