La situación en la que se ha visto envuelta la Corte Constitucional, por cuenta del escándalo de las últimas semanas debido las acusaciones en contra del magistrado Jorge Pretelt, se adhiere a una gran cantidad de denuncias de corrupción que nuevamente enlodan a la ya muy desprestigiada Rama Judicial.

Las declaraciones de los implicados en el escándalo a los medios, las acusaciones entre unos y otros, la percepción de la opinión pública y el entorno en general sobre estos acontecimientos, demuestran el problema profundo de la justicia y el fuerte rechazo del país a la corrupción que se está presentando en la institución que administra la justicia en Colombia, iustitia omnium est domina et regina virtutum, la justicia es reina y señora de todas las virtudes, una sociedad que no confié en su justicia está destinada al fracaso.

 

Estas circunstancias hacen necesario que se le presente a la sociedad un mensaje claro y cierto para encontrar una solución. Así las cosas, desde diversos sectores del país, se han presentado distintas propuestas para hacerle frente a la crisis: (i) convocar a una asamblea constituyente; (ii) exigir la renuncia conjunta de todos los magistrados de la rama; (iii) colgar sobre el proyecto de ley de equilibrio de poderes, ciertos artículos que propendan por la solución y; (iv) presentar un nuevo proyecto de reforma a la justicia.

 

Sin embargo, ninguna de estas propuestas generaría un cambio estructural en la institución porque el problema no es del organigrama si no de la falta de ética de las personas que lo conforman. Convocar a una asamblea constituyente, es abrir demasiado la puerta para que a través de ella se toquen temas que al parecer funcionan bien; exigir la renuncia de todos los magistrados además de que suena apocalíptico, iría en contra de un principio fundamental y es el de continuidad en la justicia y, frente a las últimas proposiciones, sería caer en el mismo error reiterativo del legislativo: legislar de acuerdo con el escándalo del momento.

 

Adicionalmente a esto, ninguna propuesta se centra en acabar con educación la aceptación social que existe frente a la corrupción para poder así vincular de nuevo la ética a las actuaciones diarias de todos los colombianos. El tema no es de moralidad, o de punibilidad, la cuestión es de ética, hay cosas que están mal no porque sean delito o porque sean inmorales, pero sí por ser antiéticas.

 

 Aunque suene trillado, el problema fundamental es que la corrupción empieza en casa, empieza con el litigante que le entrega un dulce a la persona que atiende la baranda del juzgado, empieza con la idea general del colombiano de creerse el vivo y ganárselas todas, empieza con que todavía existen colombianos que creen que están por encima de la ley y fundamentalmente con tratar de separar la ética de los aspectos cotidianos de la vida. 

 

Es sencillo, se trata de pensar antes de actuar -está bien o está mal- y no, si es delito o no es delito, cumplir con las normas, cumplir con el reglamento de la Corte Constitucional que prohíbe a los magistrados reunirse con los abogados apoderados de procesos que cursen en la Corporación y entender que la corrupción no es un problema exclusivamente de las altas cortes sino de todos los que ya no confiamos en la justicia.