La extrema polarización por la que atraviesa el país en estos momentos como resultado de las diversas posiciones relacionadas con el actual proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana, genera un entorno de violencia que, sin lugar a dudas, entorpece la anhelada y desgastada paz perseguida por los colombianos hace más de cincuenta años.
Basta solo ver como, el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez -Centro Democrático Alternativo- ha lanzado una misiva mortífera contra los dialógos de paz, denominada resistencia civil, que tiene como objetivo bloquear el proceso presentado por el actual presidente de la República, Juan Manuel Santos.
Por otro lado, el Gobierno Nacional ha echado mano de sapos, piruetas y campañas publicitarias para que el acuerdo que se negocia actualmente llegue, a toda costa, a feliz término. Lo anterior sumado a una sociedad escéptica e incrédula frente a los mencionados diálogos, termina en un panorama desalentador.
Llueven las denuncias sobre la forma en la que el movimiento de resistencia civil del partido de oposición del Gobierno, está realizando la firmatón para manifestarse en contra del acto legislativo para la paz y en contra del proceso mismo. Campaña que desde el pasado 4 de junio se emprendió en 30 ciudades de Colombia y en el exterior. Es usual ya, ver discusiones acaloradas entre ciudadanos que se debaten entre la desinformación y el apasionamiento para apoyar o criticar la iniciativa del Gobierno Nacional para la paz. Lo que más preocupa es el contexto de violencia que se genera en el día a día de los colombianos, mientras en la mesa en Cuba se discute sobre paz.
Teniendo en cuenta la importancia que significa firmar un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC para la terminación del conflicto, sería aconsejable dejar a un lado el apasionamiento y la polarización en la discusión sobre el proceso, para poder concebir un país en paz. Basta leer detenidamente los acuerdos logrados en Cuba, para dilucidar que son amplios y repetitivos en los principios programáticos que estableció la Constitución de 1991, exceptuando algunos temas específicos como por ejemplo, la restitución de tierras. Principios, que no han logrado ser aplicados en una sociedad que asume como propias las ideas de políticos que, debido a intereses particulares muy definidos, generalmente no son objetivas ni ciertas.
Si bien esa amplitud en la presentación de los acuerdos preocupa porque generaría, en mi oponión, la necesidad de que el Congreso de la República entre a legislar para su aplicabilidad y desarrollo, el llamado, es a no caer en el juego político de la desinfomación y el apasionamiento que lo único que conlleva es más violencia para un país en el que existen varias generaciones que no han vivido en paz.