La reciente renuncia del Ministro de Minas y Energía, Tomás González, demuestra que la dimisión a un cargo es una forma loable, respetable y honorable que tiene cualquier servidor público para apartarse de su puesto, cuando deba asumir la responsabilidad política, la falta de gestión y/o cualquier otra situación que afecte la independencia y la institucionalidad de la corporación a la que pertenezca.
En este caso, la difícil situación que afronta el país en materia de energía y la escasez de resultados relacionados con una solución, motivó a González para presentar su renuncia. No obstante, este no es el único caso de funcionarios que han renunciado a sus cargos al asumir la responsabildiad política de su gestión, para el ejemplo, el exministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, renunció en 2012, asumiendo su responsabilidad en la fallida reforma a la justicia, en un acto de gallardía y dignidad. También, en el mismo sentido, el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- Juan Ricardo Ortega, dimitió en 2014, debido a las múltiples trabas con las que bloquearon -desde distintos sectores- su intención de realizar cambios administrativos, incluso la misma excontralora Sandra Morelli Russi que, en 2013 se alejó de su cargo, cuando se iniciaron investigaciones en su contra por parte de la Procuraduría General de la Nación.
Desafortunadamente, los anteriores casos no son la mayoría ni mucho menos la tendencia que se presenta en el país. Los casos en los que servidores públicos que han debido renunciar en pro del mantenimiento de la institucionalidad y por el bien del país, no lo han hecho, son innumerables.
Se podría afirmar que esta corriente encontró uno de sus máximos exponentes en el expresidente Ernesto Samper Pizano cuando resistió en su cargo a las acusaciones hechas el 22 de enero de 1996 por parte del exministro de Defensa Fernando Botero Zea, quien manifestó que el presidente conocía del ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña electoral, lo que le permitió llegar a la presidencia de la república. Samper no renunció, por el contrario, dedicó lo que le restaba de período presidencial a controvertir dichas acusaciones, afectando con esa actitud enormemente a Colombia.
Frases como “aquí estoy y aquí me quedo” lo único que han hecho, es daño a Colombia, al generar en los servidores públicos un sentimiento equivocado, desde cualquier punto de vista, y es el de creer que si se renuncia, implícitamente se acepta la responsabilidad que se les imputa. Lo cual es totalmente falso.
Por lo anterior, es importante señalar que las renuncias que se han producido recientemente como la del General de la Policía Nacional, el General Rodolfo Palomino, quien sin habérsele probado relación alguna con la denominada “comunidad del anillo” se apartó del cargo por las dimensiones mismas del escándalo, asumió así una postura respetable que contribuye a que reaparezca el ya perdido decoro en la función pública; por lo menos como un pequeño paso para el bien de los colombianos.
Hemos sido testigos también, de casos de renuncias que han atendido como protagonistas a la intimidad de los servidores públicos, muestra de ello fue la renuncia del viceministro Carlos Ferro, luego de que se publicara un video en el que entablaba una conversación intíma con el capitán Anyelo Palacios. Al margen de los juicios que se puedan presentar frente a esta publicación, el hecho de presentar la renuncia y enfrentar la situación sin investidura, genera credibilidad. Por otra parte, el exdefensor del Pueblo, Jorge Armando Ótalora, quien se vio inmiscuido en denuncias de acoso laboral y posteriormente sexual, decidió renunciar a su cargo, con el fin de darle paso a las investigaciones adelantadas en su contra.
Lo anterior demuestra que, en medio del despretigio en la función pública, aún existen funcionarios o servidores públicos que saben conjugar el verbo renunciar en primera persona, con lo cual contribuyen a devolverle un poco la credibilidad y la dignidad a su investidura, generando así, un impacto positivo en la sociedad, que, sin duda, repercutirá en un mensaje de presión a funcionarios que deciden atornillarse al puesto, sin pensar en el perjuicio que se le causa a la institución a la que pertenecen, como es el caso del magistrado Jorge Pretelt Chaljub, quien sin importar las peticiones de renuncia por parte de toda la sociedad, no supo congujar el verbo renunciar y por el contrario respondió con un “aquí estoy y aquí me quedo”.
