Una tendencia que se observa a menudo entre nosotros y que ha venido haciendo carrera –para mal del Estado de Derecho- consiste en la actitud según la cual, si a alguien le conviene un fallo, lo respeta, lo defiende y lo proclama como ejemplo de justicia, pero, si no le conviene, lo desacredita, lo critica, lo rechaza y acusa a los jueces o magistrados que lo profirieron como una forma de prevaricato.

 

Esto, infortunadamente, se ha venido produciendo en el curso de un proceso de judicialización de la política, en que toda diferencia ideológica y todo debate electoral se quieren resolver en los estrados judiciales y no en las urnas.

 

Pero también es imperativo reconocer que la propia administración de justicia, particularmente en las altas corporaciones, ha venido contribuyendo en muchos casos  a la pérdida de su propia independencia y credibilidad. No es extraño encontrar que se profieran fallos políticos, en que –contrariando el sentido de lo que significa administrar justicia- se toma primero la decisión y luego se buscan los argumentos jurídicos para sostenerla. Exactamente lo opuesto al comportamiento del buen juez, que llega al expediente sin prejuicio, examina los hechos imparcialmente, los valora y proyecta sobre ellos el sentido de las normas aplicables para llegar a las conclusiones que habrán de ser consignadas en la sentencia. En una clara y lógica relación entre la resolución vinculante que se adopta y la denominada “ratio decidendi”, es decir, la razón por la cual se decide, en que aquélla debe estar fundada.

 

Es cierto que el Derecho no es una ciencia exacta, y que de las normas puede haber  muchas interpretaciones, y que los jueces gozan de una autonomía funcional garantizada en la Constitución. Pero no se puede olvidar que en el Derecho hay principios que deben ser observados por los destinatarios de la ley, por quienes la aplican y por quienes deciden judicialmente en casos concretos.

 

Muchos de los errores que se están cometiendo por jueces y tribunales, y que en vez de asegurar la vigencia de un orden jurídico, crean desorden, inseguridad, perplejidad, y  a veces entronizan la injusticia, provienen de una falla fundamental: no se observaron los principios.

 

Las sentencias deben ser respetadas pero los primeros que las deben hacer respetables son los propios jueces y magistrados.