Nadie niega la importancia del anuncio del pasado 23 de septiembre, cuando se comunicó que los representantes del gobierno y de las FARC habían llegado a un acuerdo sobre el modo de aplicar la justicia para los “máximos responsables” de “delitos graves” en el curso del conflicto armado.

 

Al acto concurrieron, además del presidente de Cuba Raúl Castro y de los delegados de los países garantes, el presidente Santos, el jefe de las FARC Rodrigo Londoño (“Timochenko”), directivos de los partidos políticos e integrantes de la sociedad civil colombiana.

 

En el anuncio se hicieron palpables varios elementos que no existieron o no fueron visibles en procesos de paz anteriores, como los de Tlaxcala, Caracas o el Caguán. A diferencia de ayer, hoy se nota cierta sinceridad de parte y parte, que antes resultaba lejana y hasta inalcanzable.

 

Sabemos bien que el poder político puede lograrse utilizando las vías de hecho, como lo hicieron tantos dictadores a lo largo de la historia, o por vías de derecho es decir, dentro de las reglas de juego establecidas en una democracia y con apelación al pueblo por la vía electoral.

 

Pues bien, más de un siglo de nuestra historia reciente muestra que hemos venido de violencia en violencia y de agresión en agresión, con un dolor y un resentimiento individuales y familiares que nos han llevado al terreno de los ataques irracionales y a las diversas formas de venganza. Ponerle fin a este estado de cosas tiene que ser motivo de profunda alegría para todos quienes amamos a Colombia.

En este tipo de situaciones deberíamos hablar siempre con la verdad, uno de los principios fundamentales que propone el derecho cuando se trata de Estados que resuelven conversar con los alzados en armas para que pasen de la lucha guerrillera a la contienda política pacífica.

 

Y sin embargo, las entrevistas, los trinos y las declaraciones de los opositores que han circulado después del anuncio podrían acabar con el proceso  de La Habana y ponen en peligro la firma  del convenio de paz que se ha previsto a más tardar para el 23 de marzo de 2016.

 

La importancia del acuerdo y su trascendencia para nuestra historia obligan a las partes a divulgar sin dilaciones el texto que, según ellos mismos, fue resumido en su comunicado. Extraña que no lo hayan hecho, quizá porque en realidad hay muchos puntos sin acuerdo, y entonces el 23 de septiembre no se nos dijo toda la verdad.

 

Cuando el Acuerdo se divulgue, estamos obligados a discutirlo sobre bases firmes y con la mayor objetividad e imparcialidad, buscando aportar, en vez de torpedear. 

 

Las entrevistas, los trinos y las declaraciones de los opositores que han circulado después del anuncio podrían acabar con el proceso  

Por ahora, estamos trabajando sobre un comunicado que leyeron los delegados internacionales, el cual - como si hubiera sido escrito en un idioma extranjero- ha sido objeto de traducción libre por parte de los actores más divergentes, en el gobierno y en la propia guerrilla. Estas distintas versiones no han generado sino perplejidad y confusión. Todos los partícipes y funcionarios quieren pontificar sobre el “verdadero” sentido del desconocido texto. Todos aspiran a dar versiones y enfoques divergentes y especular sobre sus efectos jurídicos. Todos:

 

- los exmagistrados de la Corte Constitucional, Manuel José Cepeda y Juan Carlos Henao, designados por el gobierno y coautores del acuerdo;

- el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo;

- el jefe de la delegación oficial en el proceso de paz, Humberto de La Calle;

- el ministro de Justicia;

- el fiscal general Eduardo Montealegre,

- el procurador general Alejandro Ordoñez,

- el jefe de las FARC, alias Timochenko,

- el jefe de negociadores de las FARC, alias Iván Márquez;

- los congresistas, en su extenso debate de control político y en sus no menos extensas declaraciones de prensa;

- los asesores y los especialistas en justicia transicional;

- los generales activos y generales en retiro;

- los editorialistas, los columnistas

- y por supuesto los colombianos todos en sus tertulias o sus reuniones familiares.  

Sin apoyo en ningún texto conocido se han planteado interrogantes acerca de la impunidad para los delitos cometidos por los actores del conflicto, sobre las penas alternativas, o sobre si los guerrilleros serán sancionados siempre con cárcel y con el mayor rigor.

 

Tomando en cuenta en el comunicado conjunto (y no sabemos si eso es lo pactado), todo indica que en términos generales el acuerdo satisface las exigencias propias de un proceso de justicia transicional y no consagra la impunidad (en el sentido de falta absoluta de sanción para los delitos). En cambio están previstas una jurisdicción especial y la apertura  de procesos penales, así como la aplicación de sanciones a los “máximos responsables” de las violaciones de derechos humanos: guerrilleros, agentes estatales, miembros de la Fuerza Pública, empresarios o exfuncionarios.

 

Otra pregunta se refiere a si quedarán impunes los crímenes de lesa humanidad o de guerra cometidos en desarrollo del conflicto. En este punto el comunicado sí fue claro y específico: “(…) el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz”.

 

Querer encontrar en este texto condiciones de impunidad es buscar complicaciones donde no las hay, ya que el rechazo a la amnistía y al indulto en tales casos es perentorio. En cuanto a los delitos políticos, es necesario esperar la norma estatutaria del Congreso que indique cuáles son los delitos conexos.

 

El comunicado no dice si podrán ser juzgados expresidentes o exgobernadores por la Jurisdicción de Paz y no sabemos si esto entra en el acuerdo. Queda claro eso sí que el tribunal “tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos”. Aquí no se prevé la impunidad, y el universo de quienes pueden ser juzgados y condenados es muy grande.

Para llegar a la verdad, además de la Comisión de la Verdad que ya se había contemplado, se espera contar con un sistema de justicia con “…dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal”.

 

No se sabe si la restricción de la libertad significa que los miembros de las FARC serán concentrados en un sitio y vigilados, si les pondrán como dicen algunos desinformados, la  “piyama de rayas” (un atuendo que, además, no se usa en las cárceles colombianas) o si habrá barrotes o no (que tampoco hay en muchas de nuestras hacinadas prisiones).

Todo esto dependerá del texto del acuerdo, y en especial de la legislación penal especial que se dicte como consecuencia de aquel.

 

Por eso algunos de los comentarios que se han hecho al respecto son tan ridículos que solamente falta que algunos comunicadores se embarquen en la controversia sobre el color de la “piyama de rayas” de la que han venido hablando. Eso le quita altura al debate y causa daño, pues se pierde de vista la trascendencia del asunto.

 

Por falta de coordinación han proliferado declaraciones oficiales dispares y contradictorias, y se ha hecho evidente que hay mucha improvisación. Con esto se ha provocado, además, la rectificación de las FARC, que se quejó de tergiversaciones oficiales en lo divulgado.

 

Se ha dado a entender que los acuerdos de La Habana gozan de la fuerza y la virtud necesarias para producir por sí mismos efectos jurídicos. Esto no es así, porque la mesa de negociaciones no es una constituyente, ni los delegados que allí se reúnen pueden sustituir al Congreso, ni en su carácter de reformador de la Constitución, ni en su función legislativa.

 

Lo que se acuerde dará lugar seguramente a reformas constitucionales y legales. La creación de una nueva jurisdicción, por ejemplo, no puede adoptarse sino por reforma constitucional. Por eso, habrá que esperar el texto final del proyecto de acto legislativo que ha presentado el Ejecutivo y cuyo trámite apenas comienza en el Congreso.

 

Es evidente que el post-acuerdo ha sido muy mal manejado y que, si sigue así, puede dar al traste con el acuerdo y con el mismo proceso de paz.