Un repaso a la historia fidedigna del establecimiento de la Constitución de 1991 nos permite recordar que una de las motivaciones más importantes de sus artífices, además de la búsqueda de un estatuto que permitiera al Estado  afrontar con mayor éxito el terrible embate de la violencia narcotraficante -recordemos que el movimiento estudiantil impulsor de la séptima papeleta se denominó “Todavía podemos salvar a Colombia” y que el fundado y encabezado por el doctor Álvaro Gómez Hurtado se llamó “Movimiento de Salvación Nacional”-, consistió en desarrollar los criterios y principios propios del Estado Social, Democrático y Participativo de Derecho, a la vez que en hacer efectivos los derechos, las libertades públicas y las garantías de unos y otras.

Un balance objetivo y desapasionado de estos veinticinco años de vigencia de la Carta  lleva necesariamente a  varias conclusiones  que deberían ser tenidas en cuenta en momentos en que, desde distintos y hasta contrarios sectores políticos y de opinión, se quiere precipitar, más que reformas resultantes del proceso de paz, la convocatoria de una asamblea constituyente que –algunos así lo desean- arrase con todo, deseche los contenidos constitucionales y  jurisprudenciales hasta ahora logrados en este cuarto de siglo, y formule de nuevo, desde cero, un sistema político diferente, no sabemos muy bien si para avance o retroceso respecto de lo hasta ahora construido.

En efecto:

-Sin que esta Constitución lo haya inventado o creado todo -pues ello sería injusto y carente de rigor histórico-, lo cierto es que los colombianos hemos adquirido una mayor conciencia acerca del valor y la importancia de un sistema constitucional democrático y con sentido social;

-Aunque –por causas dignas de análisis- los mecanismos de participación, no han sido plenamente  desarrollados, es evidente que el ciudadano  tiene un criterio más claro acerca de su papel protagónico en la toma de decisiones sobre el futuro colectivo;

-Pese a que en muchos sectores impera todavía una forma de vida y una cultura de intolerancia y de  violencia, en general  se tiene una conciencia más abierta  de la sociedad sobre el necesario imperio del Derecho y acerca del valor y los beneficios de una auténtica democracia, del pluralismo, de la tolerancia y del respeto a la diversidad;

-La persona del común sabe que es titular de unos derechos fundamentales e  inalienables;  políticos; sociales y económicos; colectivos, y que hay instrumentos judiciales para hacerlos respetar.

En fin, no todo se ha conseguido, pero mucho hemos logrado. ¿Lo echaremos por la borda?