Lo que se ha visto en los últimos días -que había denunciado  el Defensor del Pueblo hace varios meses, sin mayores efectos- respecto a la manera como se están distribuyendo los "alimentos" a los niños en distintos lugares del país, en desarrollo de contratos celebrados con los municipios, es verdaderamente vergonzoso.

La dignidad y los derechos esenciales de los niños, que según la Constitución, prevalecen inclusive sobre los derechos de los demás -con mayor razón sobre las ganancias ilegítimas de los corruptos-, son violados a diario, y de no ser por los videos de ciudadanos valientes -como la maestra de Aguachica- y por las denuncias de los medios de comunicación, las autoridades competentes no se darían por enteradas, ni tomarían cartas en tan grave asunto. 

No sabemos si los organismos de control se ocupan, en efecto en investigar los hechos, ni si establecerán las responsabilidades administrativas, fiscales y disciplinarias de los funcionarios, o la responsabilidad penal de los particulares comprometidos.

Las alcaldías deberían haber reconsiderado hace rato los contratos -por cierto cuantiosos-, y tendrían que haber hecho uso de las cláusulas exorbitantes y aplicar las sanciones contractuales previstas, cláusulas penales y efectividad de las pólizas que debieron haberse constituido para garantizar cumplimiento.

Este, desde luego, es apenas uno de los rubros de los presupuestos estatales destinados a satisfacer el insaciable apetito de los corruptos -ellos sí comen bien, a diferencia de los niños-.

La vía de los contratos adjudicados, no por razones de calidad, experiencia, especialidad, antecedentes y cumplimiento de requisitos, sino por recomendaciones políticas, es una vía tortuosa de indebida y hasta delictiva entrega de los dineros públicos. Regalos ilícitos a quienes nada garantizan, y por el contrario es muy probable que sea seguro su incumplimiento, la defraudación y el daño al interés público. Mucho peor, tratándose de algo tan delicado, que debería estar en el primer lugar de preocupación y cuidado de las autoridades, como la manutención de los niños más pobres.