Ahora el señor Otto Bula, mediante documento enviado al Consejo Nacional Electoral (CNE) desde la cárcel, se ha retractado de su dicho sobre el destino del millón de dólares proveniente de ODEBRECHT. El dinero supuestamente entregado al señor Roberto Prieto no iba, según la nueva versión de Bula, para la campaña de reelección del presidente Santos de 2014.  

Ahora más que nunca, el asunto debe regresar a la Fiscalía General. Si el dinero no tenía por destino la campaña, al menos hay un delito porque entonces se perdió un millón de dólares.  

Una vez más queda en evidencia la fragilidad del testimonio como prueba, más aún si se trata de un testimonio interesado, como el de Bula, quien estaba negociando con la Fiscalía.

El señor Fiscal Néstor Humberto Martínez, que es un buen jurista, en caso de continuar dirigiendo la investigación correspondiente -es decir, si no se declara impedido por haber sido ministro del actual Gobierno-, deberá aplicar cuidadosamente la crítica del testimonio, como siempre deberia ocurrir ante declaraciones que incriminan a otras personas.

¿Se puede creer en el testimonio de alguien que ofrece varias versiones, contradictorias y confusas? ¿Se puede negociar con él? ¿Qué valor puede tener una prueba en materia tan delicada como esta, si el testigo no merece credibilidad?  ¿Es válida la declaración inicial? ¿Es válida la retractación, y la forma en que se hace? ¿Se puede formular una declaración ante la Fiscalía y retractarse de ella ante el CNE? ¿A cuál de las dos versiones creer? ¿A ambas o a ninguna? ¿Y dónde está al millón de dólares?

Esta práctica judicial de premiar los testimonios, sin hacer su crítica, con beneficios penales, ha hecho crisis. Tiene que ser revisada.