En los días anteriores a la votación del plebiscito -que perdió y desobedeció el Gobierno-, dijeron en todos los tonos que la mejor muestra de voluntad de paz de los guerrilleros consistía en su manifestación expresa de someterse a lo que fallara la Corte Constitucional. Cuando falló a favor de lo actuado en esa materia, exhibieron las decisiones judiciales como muestra de la legitimidad y validez del proceso y de los acuerdos. Pero cuando ese tribunal resolvió declarar inexequibles dos numerales que vulneraban abiertamente la Carta Política y la autonomía del Congreso, el Ejecutivo y los ex negociadores de La Habana pusieron el grito en el cielo y dijeron que la sentencia es equivocada; que la Corte quiere entorpecer el proceso de paz; que los magistrados están conspirando contra los acuerdos y su desarrollo normativo y que es necesario unir fuerzas contra la institución encargada de guardar la integridad y supremacía de la Constitución porque el famoso Acuerdo está por encima de ella.

En otros términos, querían que la Corte prevaricara, y -mediante la crítica y la descalificación- la están llamando a prevaricar en el futuro, en todos aquellos casos en que deba ejercer a ese respecto el control de constitucionalidad.

Se busca doblegar a la Corte, como ya doblegaron al Congreso, para que, abujurando de su altísima misión, se abstenga de examinar el contenido de las normas que revisa, y para que se limite a efectuar un estudio formal y aparente, sin atreverse a declarar inexequibles las reglas que halle inconstitucionales. No están contentos con un Congreso servil y dependiente, y quieren una Corte Constitucional con esas mismas características.

Como lo decíamos en reciente columna radial, estos afiebrados críticos deben entender que en La Habana no sesionó una asamblea constituyente; que el Acuerdo de Paz no es un documento supra constitucional, ni un tratado internacional; que  está sometido a la Constitución y no a la inversa; que el Congreso es un órgano deliberante y autónomo; que si se llevan proyectos de normas al Congreso, sus integrantes están obligados –en cuanto representantes del pueblo que los eligió- a debatir antes de votar; que, si las iniciativas se someten a la decisión de ese órgano, es para que en su seno se evalúen, se discutan, se debatan con libertad, y se aprueben con conocimiento de causa, o se rechacen, o se modifiquen. Y deben entender también que la Corte Constitucional no es una figura decorativa, sino que cumple una tarea primordial en el Estado de Derecho, y que su compromiso no es con el Gobierno, ni con las Farc, sino con la Constitución Política cuya custodia le ha sido encomendada. En eso consiste el sistema democrático. Lo demás es dictadura.