Como suele acontecer, el Gobierno reacciona tarde ante la crisis en la administración de justicia, y en vez de plantear una reforma integral y bien pensada, añade de manera improvisada un artículo al proyecto de reforma política que se tramita en el Congreso por el procedimiento "Fast track", para restablecer el tribunal de aforados que se incluyó en la reforma de 2015 y que se cayó en la Corte Constitucional.

En primer lugar, no hay que olvidar precisamente ese antecedente judicial, porque, si la Corte encontró entonces que el tribunal de aforados sustituía la Constitución, no se ve por qué -si es una Corte seria y coherente- habría de cambiar ahora su criterio.

En segundo lugar, el proyecto no puede ser tramitado en el Congreso por la vía abreviada del "Fast track", toda vez que el tema es mucho más amplio que el de refrendación del Acuerdo Final de Paz. No hay conexidad, y ello implica un alto riesgo de inconstitucionalidad.

Por otra parte, repetimos que en materia tan delicada no se debe improvisar, ni someter a los avatares de la negociación politiquera, de uso corriente en el Congreso. Es necesario pensar muy bien cuál debe ser un sistema integral que garantice la independencia plena de la rama judicial; selección de los jueces, fiscales y magistrados sin mendicidad por votos, sin campaña y sin influencias, para que vuelvan a tener importancia la hoja de vida limpia, la trayectoria y el conocimiento jurídico. Y que los altos magistrados, así como el Fiscal General sean investigados, y no solamente por faltas gravísimas sino por todas sus faltas, por un tribunal autónomo del más alto nivel, que falle con prontitud y drasticidad.

Todo eso no debe ser estudiado ni aprobado en el Congreso, sino en una asamblea constituyente elegida por el pueblo. Ya se sabe que los plebiscitos y referendos no los respeta el Gobierno.