En cuanto a la justicia, duele mucho que individuos a quienes el sistema jurídico  distinguió y honró  al llevarlos a la cúspide hayan pisoteado su investidura. De allí que, en nuestro criterio, quienes,  habiendo sido jueces o magistrados,  sean hallados responsables y condenados por delitos como los que ahora se denuncian, deban ser despojados -así sea de manera simbólica- del título y de la toga, por indignos.

No obstante, mal haríamos en estimular  la confusión entre los actos de funcionarios inmorales  y las instituciones judiciales en sí mismas. Por el contrario, es del caso recomendar  prudencia -desde luego, sin perjuicio de la investigación plena, profunda y pronta de los hechos, para aplicar las pertinentes y más fuertes sanciones a los delincuentes-  y pedir a los órganos estatales,  a los medios de comunicación y a la ciudadanía que preserven, ante todo, la intangibilidad y respetabilidad de las instituciones en cuanto tales, que no deben ser sacrificadas por causa de algunos de sus transitorios integrantes y representantes. Que paguen los corruptos, sin contemplaciones, pues la impunidad  es inaceptable, pero que logremos sacar a flote a las instituciones democráticas que durante más de dos siglos hemos configurado y estructurado.

Eso no quiere decir que las normas vigentes sean o deban ser irreformables. Aunque no son ellas las culpables del abuso y la indelicadeza de unos de sus miembros -en mal momento elegidos o designados-, lo cierto es que, habida cuenta de la manipulación y del ilícito   aprovechamiento del sistema vigente, resulta imperativo replantear muchos elementos del sistema. Debe ser revisado integralmente, de modo que en verdad  garantice la total independencia de la rama judicial y  elimine las posibilidades de acceso a los altos cargos merced a la politiquería, la mendicidad electorera y los compromisos, restableciendo la importancia de las hojas de vida limpias, la sólida formación jurídica, el conocimiento, la impecable trayectoria judicial, como criterios de selección. Y establecer un órgano superior, del más alto nivel,  que investigue y juzgue a los aforados.

Pero nada de eso se puede improvisar, ni tramitar por la vía del “Fast track”. Merece estudio, debate y buen juicio, ante el país y por una corporación distinta del Congreso, cuyos miembros sean elegidos por voto popular. Sin riesgos de que, cuanto se apruebe sea declarado inexequible, como ya ocurrió.