El Presidente electo, Iván Duque, ha dicho con razón que durante su gobierno se mantendrá lo que venga bien y se revisará y corregirá lo que merezca corrección. Es lo propio de su responsabilidad y de su papel como gobernante, que ha sido elegido para conducir la nave del Estado durante cuatro años, dentro de las reglas del Estado de Derecho pero con sus propios criterios y convicciones.

En lo que se refiere al Acuerdo Final de Paz y las normas expedidas que lo desarrollan, el Presidente ha dicho que no acabará con él -lo que sería muy grave para la paz del país- pero que revisará y promoverá los ajustes necesarios.

Algunos han dicho que eso es imposible. Que lo acordado es absolutamente inmodificable durante tres períodos de gobierno -12 años-, y que resulta pétreo e intocable.

En esta materia como en todas, las posiciones absolutas e intransigentes son las menos inteligentes y las más perjudiciales. Una cosa es que, como lo dice el Acto Legislativo 2 de 2017 y así lo entendió la Corte Constitucional cuando lo examinó, las instituciones y autoridades del Estado deban cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final y que las actuaciones de los órganos y autoridades estatales, los desarrollos normativos,  su interpretación y aplicación deban guardar coherencia e integralidad con lo acordado, y otra muy distinta que las partes no puedan introducir aquellos ajustes que, de común acuerdo, consideren necesarios, precisamente para preservar la paz y para cumplir, con modalidades diferentes, lo que no haya sido posible cumplir, o que el nuevo Congreso o los futuros congresos hayan perdido sus facultades legislativas o las de reforma de la Constitución. Tanto es así que, inclusive, el Acto Legislativo 2 de 2017 -que plasmó el que han denominado "blindaje"- puede ser derogado o modificado mediante otro acto legislativo, que tiene su mismo nivel constitucional.

Lo importante es la buena fe con la cual deben actuar los órganos estatales y también la otra parte en los acuerdos. Porque, por ejemplo, la reincidencia en los delitos por parte de desmovilizados es una forma de incumplimiento y de mala fe.

Ajustes y modificaciones siempre serán posibles, sin necesidad de ir al extremo de acabar con el Acuerdo. Los extremos siempre serán negativos para que el Estado cumpla sus objetivos.