Es evidente que el ordenamiento jurídico colombiano pasa por uno de sus peores momentos: la Constitución, a punta de reformas e interpretaciones -incoherentes y contradictorias-,  ha perdido el vigor y la estabilidad que deben caracterizar a la estructura fundamental de una organización estatal; su contenido es provisional, pues todo él está sujeto de manera permanente  a inusitados cambios de enfoque y de política, hasta el punto de haberse desdibujado por completo, y hasta el sistema de control de constitucionalidad carece de un norte; es variable y caprichoso.

Es lo cierto, entonces, que, con el fin de superar la crisis que hoy presentan las instituciones, se hace indispensable procurar la recuperación de la estabilidad constitucional, volver a la seguridad jurídica, restaurar la credibilidad de la administración de justicia y restablecer la vigencia de los principios fundamentales acogidos en 1991. El nuevo gobierno y el Congreso tienen mucho por hacer.

Para que se nos entienda, no se trata de destruir sino de construir, sobre la base de una revisión seria e integral, que nos permita corregir errores y fortalecer la supremacía de la Carta Política y los postulados de justicia, verdad, libertad, igualdad, paz, vigencia efectiva de los derechos, y respetabilidad de las autoridades, con sentido propio de un Estado Social y  Democrático de Derecho.

No creemos que la nueva administración ni los legisladores deban llegar a acabar de un plumazo con elementos como el Acuerdo de Paz, que en muchos aspectos está ya incorporado a normas de nivel constitucional y legal y que, siendo irreversible en lo positivo, sí merece que sus desarrollos institucionales, lejos de sacrificar los valores esenciales de la democracia y la justicia, los realicen y fortalezcan. Para lo cual se necesita entender, por una parte, que los beneficios del proceso de paz -que los hay, aunque no en la magnitud que predica el actual gobierno- no deben desaparecer, ni ser desconocidos, y por otra, que los ajustes son indispensables, precisamente para garantizar la estabilidad que se requiere hacia el futuro.  

Se necesita que, de buena voluntad, ojalá con el liderazgo del nuevo Jefe del Estado, los partidos y movimientos políticos, el Congreso, las  administraciones de las entidades territoriales, las altas corporaciones de justicia y los órganos autónomos e independientes, y la ciudadanía, en paz y  superando la polarización, pactemos un acuerdo nacional con miras a recuperar lo que se ha venido perdiendo en términos institucionales: la coherencia y la vigencia de un orden jurídico superior que de verdad impere y oriente a la sociedad colombiana.

No descartemos la convocatoria de una asamblea constituyente participativa y pluralista.