La justicia consiste,  como decía Ulpiano, en dar a cada cual lo que le corresponde. No más.  No menos.

La justicia exige imparcialidad del juez,  quien no se puede inclinar a favor ni en contra de ninguna de las partes,  ni de ningún interesado.

El juez está obligado a actuar sin vínculo ni interés alguno de por medio. Su compromiso es única y exclusivamente con el Derecho.  Debe conducir el proceso en todas y cada una de sus etapas, de conformidad con la Constitución y la ley, respetando el debido proceso,  y en Derecho. No le corresponde resolver con base en sus propios criterios políticos, religiosos, ideológicos, familiares, sentimentales,  deportivos, de amistad, y menos por la venta de su conciencia, porque en todos esos eventos, si se aparta del estricto campo que le corresponde - el del Derecho- comete delito de prevaricato.

Los jueces no pueden decidir por compromiso político,  ni por gratitud hacia quienes los postularon o eligieron. Su meta consiste únicamente en algo trascendental y muy delicado: en administrar justicia a nombre del Estado. De manera autónoma,  ilustrada, imparcial e independiente. En Derecho siempre, jamás con criterio político, ni por afinidad o cercanía con nadie. Al servicio del Derecho. De nadie más.