Como lo decíamos en esta columna,  en cuanto el Presidente de la República se ha comprometido en la lucha contra la corrupción,  la consulta no era necesaria, y por tanto su alto costo - más de 300.000 millones de pesos- fue  despilfarrado, sin haber sido útil.

Pero el Gobierno y el Congreso deben sacar adelante las normas que no se encuentran ya en el ordenamiento jurídico. Y,  desde luego, el Estado debe cumplir, aplicar y hacer efectivas las disposiciones que ya existen y que sirven al propósito de impedir los procedimientos corruptos y de sancionar de manera fuerte y drástica los comportamientos ilícitos que implican un saqueo al patrimonio público.

Varias de las preguntas que no alcanzaron el umbral requieren reforma constitucional o expedición de normas legales. Y ante el Congreso serán presentados los correspondientes proyectos,  varios de ellos ya anunciados por el Ejecutivo y por los partidos políticos, y deberán ser tramitados y votados, aunque ya no necesariamente en los términos consultados, porque se repite que la consulta,  al no haber alcanzado el umbral, no produjo efectos jurídicos ni obliga.

Por ello decíamos que habría sido mejor usar el camino de un referendo constitucional,  que habría permitido al pueblo introducir directa y efectivamente las reformas.

Ahora bien,  lo que esperamos es que,  ya cumplida la jornada de la consulta,  se supere de una vez por todas la polarización que afecta al país y que todos nos propongamos combatir la corrupción, de verdad,  ya sin necesidad de gritos, de insultos ni de cantos.