Duele decirlo, pero es la verdad. Hoy, en muchos despachos judiciales, no valen los argumentos jurídicos, ni sirve la valoración del material probatorio. Por encima de todo eso está-no en todos los casos, pero sí en muchos- cualquiera de las corruptas modalidades usadas con maña para vencer a la contraparte, no importa sobre cuáles bases de orden jurídico.
Infortunadamente, cuando eso ocurre se sacrifica el valor primordial del Derecho: la Justicia. Gana quien usa las herramientas prohibidas por la ética, con la complicidad de funcionarios también corruptos.
Contra eso debe reaccionar el país, no con modificaciones que lleven a desvertebrar la Constitución Política de Colombia en materias sobre las cuales no está preocupado el ciudadano del común. Porque nada tienen que ver con sus dificultades de acceso oportuno, eficaz y legítimo a la justicia. ¿Qué le interesa al ciudadano cuyo proceso lleva 10 o 15 años sin resolverse, o que se enfrenta en los estrados a un abogado inescrupuloso o a un juez que se deja comprar, si para llegar a una alta Corte un magistrado debe tener 48 o 55 años?. Eso no le importa al ciudadano, ni soluciona sus problemas reales.
